Para identificar las lagunas o limitaciones con respecto a la gobernanza de la dimensión social del transporte al revisar los marcos políticos y jurídicos existentes, se parte de que la dimensión social no está integrada sistemáticamente en los procesos de gobernanza del Transporte para garantizar que los responsables políticos dispongan de información y flexibilidad suficientes para atender las necesidades de los distintos usuarios y dar cabida a las innovaciones.
Se cita como ejemplo que a menudo faltan vías entre los operadores/prestadores de servicios y las autoridades para que los datos en poder de los operadores retroalimenten la política y la planificación oficiales. Este reto se ejemplifica en las buenas prácticas relacionadas con las innovaciones para tener más en cuenta las necesidades de transporte de las mujeres, en las que es necesario conectar la información de origen colectivo sobre la seguridad de las mujeres con los responsables políticos y los planificadores de las respectivas localidades. En otros ámbitos también existe una asimetría de información similar entre las autoridades y los operadores de transporte (por ejemplo, entre las autoridades municipales y los proveedores de micromovilidad), que podría subsanarse.
Recomendación
Por todo ello, se apunta la conveniencia de evaluar dónde podrían adaptarse los marcos para integrar la dimensión social en la planificación y contratación de los transportes a todos los niveles en los que se diseñan y aplican las políticas de transporte. Para apoyar este ejercicio, la UE podría, por ejemplo, desarrollar y compartir orientaciones y modelos con las autoridades competentes para incluir la especificación de procesos representativos de recopilación e intercambio de datos en los contratos de servicios con los operadores.
Además, y siempre que fuera posible, los marcos políticos y jurídicos actualizados podrían estar orientados a los resultados para evitar excluir soluciones o tecnologías específicas que respondan a las necesidades de los distintos usuarios y permitir que los responsables políticos y los planificadores de los transportes locales apliquen soluciones adaptadas al contexto. En los casos en que los marcos no estén actualizados, los responsables políticos podrían proporcionar orientaciones sobre cómo las soluciones/tecnologías emergentes podrían tener cabida dentro de las normas existentes.
El papel de la Comisión Europea en este proceso, además de priorizar posibles acciones a nivel de la UE basadas en el valor añadido y los costes/beneficios, podría centrarse en la integración de la dimensión social en la planificación y contratación del transporte a la hora de revisar los marcos políticos y jurídicos existentes. Además, podrían tomarse medidas para apoyar a las autoridades competentes, proporcionándoles orientaciones pertinentes que les ayuden a colmar las lagunas existentes y den lugar a una gobernanza más sólida con respecto a la dimensión social del transporte.
