Debido al desconocimiento generalizado sobre la medida, la Diputación guipuzcoana ha aplazado el nuevo peaje hasta que comience el mes de febrero. Sin embargo, Fenadismer reclama que tal norma foral se paralice. Y para ello, se basa en una decisión judicial que favorece, y mucho, los intereses del Sector.
La justicia falla a favor de tres transportistas, a los que se les debe devolver todo lo pagado en estos peajes desde 2018
La de febrero sería la tercera fase de los peajes en la región, a pesar de que la Diputación se vio obligada en octubre de 2021 a detener el cobro que tenía entonces en vigor, tras una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justica y el Tribunal Supremo.
Rechazo unánime
En aquel momento, alrededor de 1.500 transportistas autónomos y empresas de transporte pusieron en marcha un proceso para reclamar la devolución de todo lo que se les había cobrado, de forma irregular a tenor de las mencionadas sentencias, durante un periodo de cuatro años, desde que se puso en marcha la tasa hasta que se paralizó.
Y los Juzgados de San Sebastián les han dado la razón, al menos a tres de ellos, que han visto cómo la Diputación les tiene que devolver todo ese dinero, más los correspondientes intereses de demora. Esta decisión es muy importante, porque sienta las bases para que todos los demás afectados recorran el mismo camino en los tribunales.
Prudencia
Por esta razón, la Federación conmina a la Diputación de Guipúzcoa, que hasta la fecha ha mostrado una incompresible actitud de resistencia en acceder al pago de lo reclamado, pese a que las sentencias del Alto Tribunal eran absolutamente claras al respecto, que apele a la prudencia y se abstenga de poner en marcha la nueva Norma Foral, que debería cobrar peaje por circular a los camiones por la N-1 y la A-15, hasta que el TSJ del País Vasco se pronuncie sobre el recurso contencioso administrativo planteado contra dicha norma por Fenadismer, junto con las restantes asociaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, algo que podría conocerse en las próximas semanas al encontrarse en la actualidad en la fase de conclusiones.
Este sería el comportamiento más adecuado, el más lógico, puesto que si se procede al cobro del peaje y luego la justicia lo declara ilegal, debería ser devuelta su cuantía con intereses. ¿No sería mejor esperar a tener una sentencia firme?
