Las asociaciones de cargadores apoyan el proyecto de desregulación del transporte por carretera que tramita el Ministerio de Transportes
El Consejo Nacional de Transportes Terrestres avala el proyecto de Decreto de modificación del ROTT elaborado por el Ministerio de Transportes para introducir una mayor desregulación del sector, gracias al voto favorable de las asociaciones de empresas cargadoras y con la posición en contra de las principales asociaciones de transportistas.
Las asociaciones de transportistas plantearán al Gobierno una propuesta alternativa de acceso al sector para contrarrestar la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó el requisito de antigüedad máxima, que evite la entrada masiva de nuevos transportistas al sector tanto en transporte ligero como pesado.
Flexibilización de exención de tonelaje
Pese al rechazo absoluto de las principales asociaciones de transportistas a dicho proyecto, en concreto de Fenadismer y CETM, por entender que dicha propuesta no hace sino incidir en una mayor desregulación del sector y por tanto en contra de la necesaria reordenación que demanda el sector, la propuesta ha salido adelante gracias al voto favorable de las asociaciones de empresas cargadoras, que lo han apoyado unánimemente, con el objetivo suponemos de favorecer la entrada masiva y descontrolada de nuevos transportistas al sector, y en consecuencia de abaratar el transporte, como lo demuestra el hecho de que en el último año y medio, pese a la importante reducción de la actividad motivada por la pandemia del covid-19, se haya producido una avalancha de más de 4.200 nuevos transportistas, la mayoría de los cuales han accedido sin poseer titulación profesional alguna y con vehículos de cualquier antigüedad.
Pese a ello, las asociaciones de transportistas celebrarán este miércoles una reunión en el seno del Comité Nacional de Transporte por Carretera para consensuar una propuesta alternativa de acceso al sector para presentar al Ministerio de Transportes que permita contrarrestar los efectos tan negativos que la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó el requisito de antigüedad máxima está ocasionando en la necesaria ordenación del sector y en la preocupante edad media actual de la flota española de transporte por carretera, perjudicando tanto los índices de siniestralidad como los objetivos de movilidad medioambiental y sostenible que propugnan tanto las autoridades europeas como las nacionales.
