El Tacrc estima íntegramente las reclamaciones de ambas organizaciones al apreciar graves restricciones a la competencia, requisitos desproporcionados y falta de transparencia en una licitación valorada en más de 923 millones de euros
El Tribunal aprecia graves restricciones a la competencia
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado el procedimiento impulsado por Renfe Viajeros para crear una filial destinada a gestionar el transporte alternativo por carretera, tras estimar íntegramente los recursos presentados por la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER).
La resolución 1239/2026, notificada el pasado 24 de julio, decreta la anulación de las cláusulas impugnadas y obliga a retrotraer el procedimiento de contratación del denominado Acuerdo Marco de Servicio de Transporte Alternativo por Carretera, cuyo valor estimado ascendía a 923,2 millones de euros.
Anetra y Fenadismer instan a Renfe Viajeros a replantear cualquier futura licitación relacionada con los servicios de transporte alternativo por carretera, reclamando procedimientos más transparentes, accesibles y estructurados en lotes territoriales o funcionales
El TACRC considera acreditadas las principales objeciones planteadas por las patronales del transporte, concluyendo que el diseño de la licitación limitaba gravemente la libre concurrencia y dificultaba el acceso de la inmensa mayoría de las empresas del sector.
Según defendían Anetra y Fenadismer, el modelo planteado por Renfe favorecía la creación de una sociedad mixta participada en un 51% por un único adjudicatario privado, lo que, a su juicio, dejaba fuera de la competencia al 99% del tejido empresarial, integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Siete motivos para anular la licitación
La resolución del Tribunal identifica diversos incumplimientos de la normativa de contratación pública, entre ellos la falta de justificación para crear una sociedad participada, en lugar de recurrir a fórmulas de contratación ordinarias.
Asimismo, censura la ausencia de división del contrato en lotes, al entender que una licitación nacional única por más de 923 millones de euros constituye una barrera directa para la participación de operadores locales y regionales.
Otro de los aspectos cuestionados son los requisitos de solvencia económica y técnica, que obligaban a acreditar una facturación anual mínima de 75 millones de euros y disponer de 500 autobuses en propiedad, exigencias que el Tribunal considera desproporcionadas y carentes de motivación suficiente, al restringir severamente la competencia.
Las dos organizaciones defienden que las futuras contrataciones deben permitir una participación real y efectiva de todas las empresas del sector, garantizando la igualdad de oportunidades y el respeto a los principios de libre concurrencia que establece la normativa de contratación pública
La resolución también cuestiona las limitaciones impuestas a las uniones temporales de empresas (UTE), al dificultar que varias compañías pudieran concurrir conjuntamente en condiciones de igualdad.
Igualmente, el Tribunal considera ilegal la duración prevista para el acuerdo marco, fijada inicialmente en diez años y prorrogable hasta quince, cuando la normativa vigente establece un límite general de ocho años para este tipo de contratos en sectores especiales.
A ello se suma la ausencia de publicación del procedimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), una obligación que el TACRC considera imprescindible al estar el contrato sometido al Real Decreto-ley 3/2020.
Finalmente, la resolución aprecia falta de transparencia en la elaboración del presupuesto, al no incluir el desglose de costes directos, indirectos y salariales exigido por la legislación.
Las patronales celebran una «victoria de la legalidad»
Anetra y Fenadismer han valorado la resolución como un hito para la defensa del transporte discrecional y regular por carretera, al considerar que evita la concentración de un mercado estratégico en manos de un reducido número de grandes operadores.
Ambas organizaciones sostienen que el fallo protege la libre competencia y garantiza la supervivencia del tejido empresarial formado por miles de pymes y autónomos, que prestan servicio en todo el territorio nacional.
Reclaman un nuevo modelo de contratación
Tras la decisión del Tribunal, Anetra y Fenadismer instan a Renfe Viajeros a replantear cualquier futura licitación relacionada con los servicios de transporte alternativo por carretera, reclamando procedimientos más transparentes, accesibles y estructurados en lotes territoriales o funcionales.
Las dos organizaciones defienden que las futuras contrataciones deben permitir una participación real y efectiva de todas las empresas del sector, garantizando la igualdad de oportunidades y el respeto a los principios de libre concurrencia que establece la normativa de contratación pública.
