La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones a la Ley de Movilidad Sostenible que tramita el Gobierno de España, cuyo anteproyecto sigue la senda ya marcada por la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y no contempla en ninguno de sus ámbitos la movilidad rural. Es más, en los 107 artículos de los que consta la norma, sólo se hace referencia una vez a la movilidad rural. Es verdaderamente preocupante que una ley de movilidad únicamente haga una referencia a la movilidad rural, parece que la movilidad pública no es un elemento esencial de la lucha contra la despoblación y, si lo es, lo que queda claro es que no parece ser de la incumbencia del Gobierno de España, ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suarez-Quiñones, que considera este anteproyecto contrario a los intereses del medio rural.
La orientación de una ley de movilidad debe ir dirigida a reducir las desigualdades territoriales y contribuir al objetivo de cohesión de los territorios, aumentando la accesibilidad de los núcleos rurales, añade Suarez Quiñones, que ha puesto como contrapunto a los postulados del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible , el principio de accesibilidad universal contenido en la Ley de Transporte de Castilla y León y en el Mapa de Ordenación del Transporte y las políticas de discriminación positiva hacia el mundo rural de la Junta de Castilla y León, como el Bono demanda gratuito.
También perjudica el transporte de viajeros por carretera
En relación con las concesiones de servicios de transporte de viajeros por carretera titularidad del Gobierno de España (concesiones estatales de autobús) para la Consejería de Fomento la ley plantea- sin previo diálogo o comunicación con las CCAA- que en el plazo de dos años las comunidades autónomas deberán haber asumido los tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de concesión estatales. Estos tráficos no serán atendidos en el marco de los nuevos contratos de competencia estatal.
Todos estos tráficos son eminentemente deficitarios y lastran aún más la infrafinanciación actual de las comunidades autónomas, que ahora se verán obligadas a soportar el déficit de explotación de todos estos tráficos rurales que venían siendo prestados por el Gobierno de España, sin contemplar modelo de financiación alguno.
Otra medida injustificable es la supresión de las paradas intermedias de las concesiones estatales que no lo sean en las poblaciones principales del itinerario (es decir la supresión de las paradas que actualmente dan servicio a los núcleos rurales).Según señalan desde la Junta, el objetivo de estas medidas no es otro que el de liberar al Gobierno de España de toda la movilidad rural que hasta ahora estaba dificultando sus nuevas contrataciones concesionales. A este respecto conviene recordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no soporta déficit de explotación en sus concesiones y, por el contrario, recibe un canon del operador adjudicatario del contrato, lo cual obliga a alcanzar el equilibrio concesional, exclusivamente, mediante la reducción de las expediciones o el incremento de tarifas
