Direbus se planta en busca de soluciones
Con fecha 2 de octubre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. En una primera disposición se amplió en dos años la antigüedad máxima para los vehículos de transporte público regular de uso especial para escolares por carretera para los cursos 2021-2022 y 2022-2023.
Sin embargo esta medida quedó sesgada por dos factores: no se incluían los servicios de traslado de menores sobre actividades extraescolares dependientes de los centros escolares que organizan las actividades fuera de los centros, pero en horarios escolares y la ampliación de la antigüedad máxima de los vehículos de transporte que solo benefició a aquellos que alcanzaron la edad máxima de 16 años durante la pandemia.
Situación en las empresas y riesgos
Es una realidad que durante los dos años de pandemia debida al Covid la actividad real de estas flotas se ha visto muy disminuida sin embargo la depreciación de la flota ha sido un hecho, ya que debido a esta nueva legislación se les ha descontado años de vida útil sin haber sufrido prácticamente desgastes técnicos Esto provoca que muchos se aproximen a la antigüedad máxima regulada por el Real Decreto 443/2001. Todas las flotas se han envejecido dos años por vehículo.
Paralelamente, las bases estipuladas para la transformación de las flotas de transporte determinan que el periodo de achatarramiento finaliza en abril de 2024, si bien en la realidad la renovación que habría que llevar a cabo en solo año y medio de plazo sobre la flota destinada al transporte escolar es un tiempo insuficiente para dicha transformación. A esto hay que sumar la dificultad para adquirir vehículos de nueva matriculación debido a la falta de componentes en término de carrocerías y chasis.
Esto puede desencadenar en falta de servicios de transporte escolar para los cursos 2023-2024 y 2024-2025. Estará en riesgo poder prestar un servicio de transporte regular de uso especial tan importante para la ciudadanía española, y del cual Administración y Sector deben velar por su prestación con normalidad.
Reivindicación
Gracias a la ampliación temporal de la medida para dos cursos escolares más 2023-2024 y 2024-2025, el transporte escolar está asegurado mientras se permite a las empresas ir renovando y transformado las flotas dentro de unos plazos más razonables y acordes con la situación real.
Direbus España considera específica y fundamental esta medida de apoyo económico al sector del transporte de viajeros, con coste cero para el Gobierno español, ya que la situación económica no permite que las empresas de transporte regular de viajeros afectadas puedan renovar sus flotas a corto plazo (aumento del precio del 30%, aumento sustancial de los beneficios económicos aplicables a los préstamos para la adquisición de vehículos, hasta el 6%), y la lenta entrada de quienes no pueden lograr la capacidad de hacer que los vehículos sean fabricados y entregados por la industria del chasis y carrocero
