Las Asociaciones que representan a la práctica totalidad del transporte de mercancías en Vizcaya convocaron ayer una rueda de prensa para mostrar su rechazo unánime a las cuantías que maneja la Diputación Foral de Bizkaia para 2023, en lo relacionado con el pago por el uso de las carreteras de la provincia.
Asetrabi, Asotrava, Hiru y Transportbilbao alzaron una única voz conjunta para que en un ejercicio de responsabilidad, la Diputación reconsidere la implantación de peajes obligatorios a los transportistas, dado que desempeñan un papel estratégico en el abastecimiento de la población y la industria.
El peaje, que no afecta a todos los usuarios de la vía, se cuantifica entre 500 y 600 euros mensuales
Según los datos expuestos por las Organizaciones vizcaínas, el canon podría suponer entre 500 y 600 euros mensuales a la estructura de costes de empresas y autónomos, algo realmente complicado de asumir en tiempos de coyuntura económica desfavorable.
Por eso, nuestras Organizaciones comparten la valoración de que, además de ser una medida fundamentalmente recaudatoria dirigida a cubrir el déficit de las cuentas públicas, es asimismo discriminatoria porque no afecta a todos los usuarios de las vías. En este sentido, supone, además, una merma en la competitividad de los transportistas locales, que ven gravemente penalizada su actividad dado, que no afectará al tráfico en tránsito con origen y destino en otras Comunidades.
En tiempos de inflación
En este sentido, las asociaciones anticipan que en caso de implantarse el peaje como ha sido anunciado, las empresas y los profesionales autónomos se verán obligados a repercutir el canon en sus facturas, con los consiguientes efectos adversos en los costes de toda la cadena logística.
Cunde el ejemplo
Por todo ello, hemos trasladado en reiteradas ocasiones a los responsables políticos e institucionales nuestra rotunda negativa a los peajes, que contribuyen a agravar la situación de las empresas y los autónomos y se suman a otros graves problemas, como la escalada del precio del combustible. Consideramos prioritario que los poderes públicos apoyen a un Sector considerado esencial, especialmente en situaciones de crisis como la que atravesamos, aunque concluyen que lamentablemente, iniciativas de este tipo van en sentido contrario.
