El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció recientemente que el Gobierno pretende aprobar, en breve, un incremento de 10 céntimos por litro en el impuesto al gasóleo, elevando el gravamen de 307 euros a 400,69 euros por cada 1.000 litros, lo que supone un alza del 25% respecto al impuesto actual. Según Fegatramer, esta medida, ya intentada en varias ocasiones y rechazada en noviembre pasado por falta de apoyo parlamentario, vuelve a poner en jaque al sector del transporte, el cual es el principal consumidor de gasóleo de automoción en España.
Desde el sector, las asociaciones y grupos de transportistas han mostrado un rechazo unánime a esta subida. Con más de 25.000 millones de litros de gasóleo consumidos anualmente de los cuales aproximadamente la mitad se destina al transporte público de mercancías, la medida afectaría a más de 170.000 vehículos, incluyendo furgonetas, camiones y vehículos ligeros de transporte, lo que impactaría gravemente en la rentabilidad de numerosas pymes y autónomos del subsector de la distribución y paquetería.
En Galicia, por ejemplo, se estima que unas 11.345 unidades de transporte público de mercancías, recorriendo más de 570 millones de kilómetros y consumiendo 45 millones de litros al año, sufrirían el impacto íntegro del aumento, destinándose alrededor de 25 millones de euros en impuestos adicionales a las arcas públicas. Además, miles de vehículos de transporte privado complementario, vehículos comerciales y de transporte de viajeros, todos con una MMA inferior a 3.500 kg, también verían reducida su rentabilidad de forma alarmante.
Fegatramer advierte que, cuando los recursos no llegan a los políticos, la solución siempre recae en el sector, como se evidenció en 2018, cuando los carburantes experimentaron una subida impositiva significativa para equiparar los tramos autonómicos. Según esta organización, la medida, de ser aprobada nuevamente mediante Decreto-ley, obligaría a casi el 40% de los vehículos y empresas del sector en su mayoría pymes y autónomos a asumir un incremento fiscal insostenible, comprometiendo la competitividad de un sector crucial para la economía española.
Fegatramer insta a los responsables políticos a reconsiderar esta medida y a buscar alternativas que no perjudiquen al sector del transporte, apelando a un diálogo serio que contemple las realidades operativas de las empresas y garantice la viabilidad económica del transporte en el país.
Para más información, consulte los comunicados oficiales de las asociaciones del sector.
