Según el Observatorio permanente de la morosidad elaborado por Fenadismer y la Fundación Quijote, dicho plazo alcanzó una media de 66 días, acercándose cada vez más al plazo máximo legal de 60 y dando continuidad a la buena tendencia de los últimos años. En total, la media del año 2023 se ha situado en los 69 días, un dato claramente más bajo que los 74 de 2022 y los 83 de 2021.
En 2021 la media era de 83 días
Fue precisamente en 2021 cuando se aprobó el régimen sensaciondor en materia de morosidad, cuyo impacto, como reflejan las cifras, ha sido muy positivo. Este, unido a la labor de los Servicios de Inspección de Tránsporte y la campaña de control llevada a cabo de oficio, ha contribuido a una reducción en los plazos de casi el 20% a lo largo de estos dos años, y aspira a seguir mejorando los datos con el paso del tiempo.
En cuanto a las empresas que incumplen el plazo de 60 días, el 66% cometen excesos leves (entre 60 y 90), mientras que un 11% de ellas superan los 120. Este continúa siendo un dato elevado, pero, de nuevo, el impacto de la nueva normativa se hace notar, pues en 2022 dicho porcentaje superaba el 20%.
Esta normativa no solo se ha endurecido en España, sino que en Europa parecen también conscientes de la importancia de perseguir la morosidad y acortar los plazos de pago. De hecho, la normativa continental estudia la posibilidad de reducir el tiempo máximo hasta los 30 días, obligando así a que el abono de los servicios se lleve a cabo antes y que las empresas no tengan que esperar tanto como hasta ahora.
