Por eso, Fenadismer considera que es el momento de que las Administraciones tomen cartas en el asunto de manera efectiva.
Porque son los transportistas españoles los que vienen soportando con absoluta impotencia las movilizaciones, primero en Francia y luego de forma más doméstica, con bloqueos continuados que están generando enormes perjuicios económicos al Sector, explican desde la Federación.
Si los bloqueos no cesan, Fenadismer propondrá acciones al resto del Sector
Resulta incomprensible que ahora sean los propios agricultores españoles, que antes se quejaban cuando sus productos eran atacados en Francia, los que en estas dos últimas semanas estén llevando a cabo idénticas acciones en la red viaria española, sin respetar en ningún momento el legítimo derecho al trabajo de otros sectores profesionales, como es el del Transporte por carretera.
Por ello, Fenadismer expresó ayer, de nuevo su disconformidad, lanzando un ultimátum tanto al Ministerio del Interior como a la Generalitat de Cataluña, para que se garantice en todo momento el derecho fundamental a la libre circulación de mercancías, que permita al Sector del transporte poder continuar desarrollando su actividad con normalidad.
Ultimatum
Porque la Organización remarca que dicha actividad se sigue llevando a cabo con enorme dificultad e incumpliendo, en la mayoría de los casos, la regulación legal sobre tiempos de trabajo máximos en el Sector del transporte como consecuencia de las perturbaciones a las que están viéndose afectados los conductores profesionales, con el consiguiente riesgo además de importantes sanciones administrativas.
Así las cosas, y siempre que dichos bloqueos en las carreteras españolas persistan como consecuencia de la acción incontrolada de los agricultores, además de exigir las correspondientes responsabilidades y compensaciones económicas por vía judicial por los perjuicios ocasionados, Fenadismer planteará al resto de Asociaciones de transportistas unidad de acción para llevar a cabo acciones en protesta por la inacción de las autoridades españolas en garantizar el normal desarrollo de la actividad del Sector profesional del transporte por carretera, sin concretar la fecha de vencimiento del ultimátum ni las acciones que se llevarían a efecto, en tal caso.
