Santano comenzó recordando que el proyecto de ley fue aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2022, pero que su tramitación parlamentaria se vio interrumpida debido a las elecciones generales de julio de 2023. Sin embargo, gracias a un acuerdo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se extendió el plazo para su consecución hasta el último trimestre de este año.
Destacó la importancia del transporte en la economía pero reconoció sus efectos negativos
Asimismo, enfatizó la relevancia de esta legislación en un momento en el que la movilidad sostenible se ha convertido en una prioridad tanto a nivel nacional como europeo. Destacó el impacto del transporte en la economía, la creación de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos, pero también reconoció los efectos negativos del mismo en el medioambiente, como las emisiones contaminantes y el ruido.
Por tanto, el proyecto de ley busca abordar estos desafíos desde una perspectiva integral. En este sentido, mencionó cuatro grandes retos que deben afrontarse: el social, el ambiental, el de la digitalización y el de garantizar que las inversiones públicas se centren en generar un mayor valor social.
En cuanto al reto social, resaltó la importancia de la movilidad para el progreso social y económico, así como la necesidad de adaptar el sistema de transporte a los desafíos demográficos y a las necesidades de las zonas rurales. En lo que respecta al apartado ambiental, hizo hincapié en la importancia de avanzar hacia una movilidad más limpia y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, Santano Clavero subrayó la importancia de la digitalización para transformar la movilidad y mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Por último, hizo hincapié en la necesidad de priorizar las inversiones públicas que generen un mayor valor social y de promover una gestión transparente y participativa de los recursos.
Estructura de la ley
En cuanto a la estructura del proyecto de ley, el secretario explicó que consta de un título preliminar de disposiciones generales y ocho títulos que abordan aspectos específicos de la regulación.
El primer título, el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, se centra en la creación de un sistema de gobernanza del transporte y la movilidad que promueva la coordinación entre todas las administraciones. Este enfoque busca garantizar una gestión eficiente y coherente de los recursos y políticas relacionadas con la movilidad en el país.
La ley se divide en ocho títulas que abordan cuestiones específicas
En el segundo título, se abordan las medidas para el fomento de la movilidad sostenible. Esto incluye incentivos y políticas destinadas a promover el uso de medios de transporte más respetuosos con el medioambiente, así como el desarrollo de infraestructuras adecuadas para facilitar estos desplazamientos. El tercero, por su parte, se enfoca en la planificación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte. Aquí se plantea una reorientación de los criterios de planificación y financiación, priorizando aquellos proyectos que contribuyan de manera más significativa a la sostenibilidad y eficiencia del sistema de transporte.
El cuarto, centrado en la contribución del Estado a la financiación de la movilidad sostenible, establece criterios objetivos para el reparto de subvenciones estatales al transporte urbano. Además, se crea el Fondo de Contribución a la Movilidad Sostenible para apoyar proyectos e iniciativas en esta línea. Por otro lado, el quinto aborda la innovación, digitalización y formación en transporte y movilidad, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de transporte y la gestión de las infraestructuras. Se busca impulsar la adopción de tecnologías innovadoras y la capacitación de profesionales en el sector.
Así, el sexto título se centra en mejorar la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, reconociendo la importancia de este sector para la economía y proponiendo medidas para optimizar su funcionamiento y eficiencia. El séptimo, sobre participación pública y transparencia, refuerza las medidas de participación ciudadana y rendición de cuentas de las administraciones en materia de transporte y movilidad. Se busca garantizar una mayor transparencia y democracia en la toma de decisiones relacionadas con este ámbito.
Finalmente, el octavo título establece el régimen sancionador en caso de incumplimiento de las disposiciones de la ley, garantizando así su cumplimiento y efectividad.
