Recientemente, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se encontraron con las asociaciones AEVECAR, AOP, CEEES y UPI para discutir el serio problema del fraude masivo en la distribución de combustibles en España.
En la reunión, se hizo un llamado a la Administración por parte de las organizaciones para que aumente el control y el compromiso en la lucha contra estas prácticas fraudulentas, las cuales perjudican no solo la competencia empresarial, sino que también tienen un efecto negativo en la sociedad. Entre las preocupaciones mencionadas se encontraban el fraude relacionado con el IVA y el incumplimiento en la incorporación de biocarburantes, acciones que también afectan de manera adversa al medioambiente.
El compromiso de MITECO en la lucha contra el fraude fue apreciado por el sector, así como su disposición al diálogo y la iniciativa demostrada al incluir medidas en el Real Decreto-ley 8/2023, del 27 de diciembre. No obstante, se destacó también la urgencia de implementar un conjunto más robusto de medidas para abordar este problema de forma efectiva.
Estas prácticas fraudulentas fomentan la competitividad y sostenibilidad del sector
Las estaciones de servicio y los operadores han solicitado a la Administración que refuerce las acciones de prevención, control y monitoreo de estas prácticas fraudulentas. Asimismo, han pedido la adopción de medidas más efectivas y contundentes, así como una mayor rapidez en la respuesta contra quienes incurren en el fraude. Resaltaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, incrementar las sanciones y fomentar un marco legislativo más riguroso que brinde protección tanto a los consumidores como a los operadores y estaciones de servicio que operan legalmente.
AEVECAR, AOP, CEEES y UPI tienen una sólida confianza en la dedicación y la colaboración del MITECO y otras Administraciones competentes, considerándola la estrategia más efectiva para combatir el fraude. Enfatizaron su disposición a trabajar de manera cercana con las autoridades y los responsables públicos para eliminar estas prácticas fraudulentas, al mismo tiempo que fomentan la competitividad y sostenibilidad del sector.
Para concluir, quedó evidente en la reunión que existe un consenso firme acerca de la urgencia de aumentar las acciones y estrategias destinadas a luchar contra el fraude en la distribución de combustibles, lo cual es esencial para salvaguardar a los consumidores, mantener la legalidad en el sector y proteger el medioambiente.
