El Observatorio de Fenadismer registra una reducción de cinco días respecto a agosto y confirma la tendencia positiva de 2026, aunque el 34% de las empresas cargadoras e intermediarias continúa incumpliendo los límites legales de pago
La morosidad desciende desde la implantación del régimen sancionador
Los plazos de pago a los transportistas por carretera en España volvieron a reducirse en septiembre, hasta alcanzar una media de 47 días, la cifra más baja registrada hasta la fecha en la serie histórica del Observatorio permanente de la morosidad. Según los datos publicados por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), el promedio descendió cinco días respecto a agosto, consolidando la evolución favorable de los últimos meses.
El informe, elaborado mensualmente por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, refleja que durante todos los meses analizados de 2026 la media de los plazos de pago se ha mantenido por debajo del límite legal de 60 días. Sin embargo, pese a esta mejora, todavía persisten incumplimientos entre una parte de las empresas cargadoras e intermediarias que contratan servicios de transporte.
la organización insiste en la necesidad de mantener la vigilancia sobre las prácticas de pago para garantizar el cumplimiento de la legislación y evitar que los retrasos sigan trasladando dificultades financieras a las empresas de transporte
La evolución de los últimos años muestra una mejora significativa en los plazos de pago al transporte por carretera. En 2021, la media se situaba en 83 días, mientras que en 2025 descendió hasta los 59 días. Esta tendencia se ha mantenido durante 2026, con una nueva reducción en septiembre hasta los 47 días.
Fenadismer atribuye buena parte de esta evolución a la aplicación del régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector, aprobado a finales de 2021, así como a la labor inspectora desarrollada por las administraciones de transporte, tanto estatal como autonómicas.
La reducción registrada en septiembre supone un nuevo avance para los profesionales del transporte, para quienes el cobro puntual de los servicios resulta fundamental para mantener la liquidez y afrontar los costes de explotación de sus empresas.
Un 34% de las empresas sigue pagando fuera de plazo
A pesar del descenso de la media general, los datos del Observatorio advierten de que el 34% de las empresas cargadoras e intermediarias incumplió en septiembre los plazos máximos establecidos por la legislación.
No obstante, la mayoría de las infracciones registradas fueron de menor duración. En concreto, el 80% de los incumplimientos correspondió a retrasos de entre 60 y 90 días. En el extremo contrario, un 4% de las empresas incumplidoras abonó los servicios de transporte a más de 120 días, una práctica que continúa perjudicando la tesorería de los transportistas.
Estas cifras reflejan que, aunque el plazo medio de pago se encuentra en niveles especialmente favorables, todavía existen diferencias importantes entre las empresas que cumplen la normativa y aquellas que mantienen retrasos prolongados.
La transferencia continúa siendo el medio de pago más utilizado
En cuanto a los instrumentos empleados para abonar los servicios de transporte, la transferencia bancaria se mantiene como la opción predominante, con el 76% del total de los pagos. A continuación figura el confirming, con un 19%, seguido del pagaré, con un 5%. El cheque representa menos del 1%.
Fenadismer ha expresado su satisfacción por la evolución positiva de los plazos de pago durante los últimos años y destaca el papel de los controles administrativos para combatir la morosidad.
Como muestra de esta evolución, los datos publicados por el Ministerio de Transportes correspondientes al primer semestre de 2026 recogen un total de 101 sanciones impuestas a empresas cargadoras e intermediarias por incumplimientos relacionados con la morosidad. Según la federación, esta cifra es cuatro veces inferior a la registrada hace tres años.
Pese a los avances, la organización insiste en la necesidad de mantener la vigilancia sobre las prácticas de pago para garantizar el cumplimiento de la legislación y evitar que los retrasos sigan trasladando dificultades financieras a las empresas de transporte.
