La organización internacional propone medidas fiscales, ayudas financieras y planes de contingencia para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro ante futuras crisis energéticas
Un sector con escaso margen para absorber las subidas del combustible
La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha aprobado por unanimidad una resolución en la que insta a los gobiernos a establecer un mecanismo específico de crisis del combustible que permita proteger al sector frente a episodios de fuerte volatilidad energética y garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro esenciales. La organización considera imprescindible desarrollar planes de contingencia junto con los operadores de transporte para hacer frente a futuras situaciones de emergencia derivadas de conflictos internacionales o alteraciones del mercado energético.
La iniciativa surge tras el impacto que el conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre las rutas comerciales y los mercados de la energía, una situación que, según la IRU, está afectando especialmente a un sector caracterizado por márgenes de rentabilidad muy reducidos.
La organización considera que reforzar la capacidad de respuesta del transporte es fundamental para preservar la estabilidad de las cadenas logísticas y asegurar la continuidad de los servicios esenciales para empresas y ciudadanos
La organización recuerda que más del 90 % de las empresas de transporte por carretera son pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes de beneficio situados entre el 1 % y el 3 %, lo que limita enormemente su capacidad para asumir incrementos bruscos del precio del combustible.
Según la resolución aprobada, una subida del 10 % del precio del combustible en una sola semana o una volatilidad diaria superior a ese porcentaje deben considerarse señales claras de una situación de crisis que requiere una respuesta inmediata por parte de las administraciones públicas.
Medidas urgentes para afrontar una crisis energética
La propuesta de la IRU contempla un conjunto de actuaciones divididas en dos fases para responder con rapidez a una eventual crisis del suministro energético.
En una primera etapa, la organización plantea la liberación de reservas estratégicas de petróleo garantizando la disponibilidad efectiva de combustibles refinados, la reducción temporal de los impuestos especiales aplicados al carburante para el transporte profesional y el establecimiento de límites provisionales a las subidas de precios con el fin de contener la volatilidad del mercado.
Asimismo, solicita que los gobiernos colaboren con el sector en la elaboración de planes de contingencia que permitan mantener la actividad logística incluso en escenarios de fuerte tensión energética.
Si la situación se prolonga, la IRU propone activar un marco temporal de ayudas públicas dirigido a sostener la liquidez de las empresas de transporte y evitar interrupciones en la prestación de servicios esenciales.
Entre las medidas planteadas figuran líneas de financiación con préstamos a bajo interés a través de bancos públicos de desarrollo y la activación de planes específicos para garantizar el suministro de combustibles y aditivos en caso de escasez.
La organización considera que estas actuaciones permitirían mantener operativas las redes de movilidad y abastecimiento en momentos especialmente delicados para la economía.
La Unión Internacional del Transporte por Carretera ha aprobado por unanimidad una resolución en la que insta a los gobiernos a establecer un mecanismo específico de crisis del combustible que permita proteger al sector frente a episodios de fuerte volatilidad energética
Más allá de las actuaciones de emergencia, la IRU propone una serie de medidas estructurales destinadas a mejorar la resiliencia del transporte por carretera frente a futuras crisis energéticas.
Entre ellas destaca la creación de un mecanismo permanente de indexación de los precios del combustible para contratos públicos y privados, la puesta en marcha de un observatorio de seguimiento del suministro energético, la implantación de un servicio único de combustible profesional para todos los modos de transporte y el impulso al uso de combustibles alternativos, incluidos los biocombustibles libres de origen fósil.
La organización también apuesta por fomentar el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado como parte de una estrategia global orientada a reducir la dependencia energética y mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad.
Garantizar la continuidad de las cadenas de suministro
Con esta resolución, la IRU busca que los gobiernos adopten un enfoque preventivo que permita proteger la actividad del transporte por carretera ante futuras perturbaciones energéticas, evitando que el aumento de los costes comprometa el abastecimiento de mercancías y el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía.
La organización considera que reforzar la capacidad de respuesta del transporte es fundamental para preservar la estabilidad de las cadenas logísticas y asegurar la continuidad de los servicios esenciales para empresas y ciudadanos.