• Este viernes el Diario Oficial de Cataluña publica la Resolución que establece la prohibición de que los camiones circulen por dicha autopista todos los domingos de este mes de Septiembre.
• Las asociaciones catalanas de transportistas impugnan judicialmente dicha medida solicitando su suspensión cautelar por los perjuicios que tal medida injustificada provocará tanto a los propios transportistas como a la actividad exportadora española.
Sin tregua alguna, la Dirección General de Transit de Cataluña ha publicado este mismo viernes en el Diario Oficial de la Generalitat la Resolución por la que se acuerda la prohibición a la circulación de camiones en la autopista AP-7 todos los domingos de este mes de Septiembre, culpando al sector del transporte por carretera de los atascos ocasionados el pasado fin de semana en la citada vía, por la falta de actuación y previsión de la Administración autonómica, que hubieran evitado la congestión que sufrieron los conductores en su retorno dominical.
Esta decisión, además de irracional y desproporcionada, es absolutamente injusta con el sector del transporte teniendo en cuenta que mientras la autopista era de pago los camiones han estado obligados a utilizarla, al prohibirles circular por las carreteras nacionales paralelas a la autopista, y ahora que es gratuita se les expulsa de la misma, impidiéndoles que puedan transitar por ninguna otra vía alternativa.
Por ello, las asociaciones catalanas de transportistas CETCAT y COT, federada en FENADISMER, en reunión de urgencia celebrada este viernes, han acordado de forma unánime presentar un recurso este viernes ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo, instando asimismo la suspensión cautelar de la prohibición de circulación a los camiones por la AP-7, por los perjuicios que tal medida injustificada provocará tanto a los propios transportistas como a la actividad exportadora española.
Las Organizaciones del transporte catalán entienden que no hay ninguna justificación que avale la adopción de dicha prohibición, y se sienten, una vez más, señalados y criminalizados por la Administración. Por ello se confía que la intervención de los Tribunales de Justicia amparará los derechos de los transportistas, que han sido ignorados, manifestando su disposición a colaborar con las autoridades de tráfico para garantizar en el futuro la fluidez y la seguridad de las vías públicas
