Más de 10.000 transportistas quedaron atrapados en la red viaria dos días antes de las nevadas, con importantes daños económicos y personales
Condiciones indignas durante los embolsamientos
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado públicamente los graves perjuicios económicos y personales ocasionados por la decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de prohibir de forma repentina la circulación de camiones en buena parte de la red viaria española. La medida, adoptada el jueves por la noche y sin apenas aviso previo, dejó embolsados injustificadamente a más de 10.000 transportistas durante casi dos días, antes incluso de que se produjeran las nevadas.
Según Fenadismer, la restricción afectó a más de 3.000 kilómetros de la red viaria principal, tanto en el centro como en el norte peninsular, y no fue levantada hasta el sábado tras las quejas masivas del sector, generando una situación que la federación califica de desmedida, irracional e injustificada.
Para Fenadismer, decisiones tan irresponsables como esta no solo no apoyan a un sector esencial para la economía española, sino que agravan aún más la situación del transporte por carretera
Uno de los aspectos más graves denunciados por Fenadismer fueron las condiciones inhumanas en las que se vieron obligados a permanecer miles de conductores durante los embolsamientos. Muchos transportistas no pudieron regresar a sus domicilios, ya que en la mayoría de los casos se trataba de viajes de retorno en viernes, quedando atrapados sin alternativas demostradas.
Los lugares habilitados para desviar a los camiones eran, en numerosos casos, simples campas aisladas, sin instalaciones básicas de higiene, sin acceso a agua potable ni a alimentación. Como ejemplo, Fenadismer cita el embolsamiento en Villallana (Asturias), donde cientos de conductores tuvieron que compartir únicamente dos aseos portátiles, sin que existiera un solo grifo de agua en todo el recinto.
Importantes pérdidas económicas para los transportistas
A los problemas personales se suman importantes perjuicios económicos, ya que cada día de paralización supone, según la cuantía oficial del Ministerio de Transportes, un coste de 600 euros por camión y día. Esta situación generó pérdidas significativas para empresas y autónomos del transporte, sin que existiera una causa real que justificara la medida adoptada con tanta antelación.
Además, una vez levantada la prohibición el sábado, los conductores que debían realizar su descanso semanal normal de 45 horas no pudieron computar como tal el tiempo pasado en el embolsamiento. Esto les obligó a prolongar el descanso hasta el lunes, impidiéndoles reincorporarse a su actividad laboral al inicio de la semana y agravando aún más el perjuicio económico.
La federación concluye que medidas de este tipo no contribuyen a dignificar la profesión ni a atraer nuevos conductores, sino que generan desmotivación, inseguridad y pérdida de confianza
Fenadismer también denuncia los trastornos ocasionados a los conductores inscritos en cursos CAP, especialmente aquellos que realizan la formación durante los fines de semana coincidiendo con su descanso semanal. Al no poder asistir a uno de los días del curso por estar retenidos, muchos transportistas vieron anulada automáticamente su formación, a pesar de haber asistido a sesiones previas, obligándoles a repetir el curso completo.
La federación solicitó al Ministerio de Transportes una flexibilización excepcional del descanso semanal, permitiendo aplicar un descanso reducido para facilitar la reincorporación el lunes, pero la petición fue finalmente desestimada, incrementando el malestar del sector.
Un nuevo golpe a un sector esencial
Para Fenadismer, decisiones tan irresponsables como esta no solo no apoyan a un sector esencial para la economía española, sino que agravan aún más la situación del transporte por carretera, que en los últimos años viene sufriendo continuos daños y dificultades en el desarrollo de su actividad profesional.
La federación concluye que medidas de este tipo no contribuyen a dignificar la profesión ni a atraer nuevos conductores, sino que generan desmotivación, inseguridad y pérdida de confianza en la gestión de las administraciones públicas hacia un sector clave para el abastecimiento y la logística del país.
