El último informe de Empresas por la Movilidad Sostenible revela que los tiempos de puesta en marcha de los puntos de recarga pública para vehículos eléctricos en España son hasta tres veces más largos que en otros países europeos. A pesar de haber instalado una significativa cantidad de cargadores en 2023, con más de 34.105 puntos operativos, los plazos administrativos para activar nuevos puntos pueden llegar hasta los 36 meses, en comparación con países como Francia, Italia o Suiza, donde este proceso es mucho más ágil.
El 96% de los cargadores son gestionados por solo 10 empresas
El informe destaca que más de 7.000 puntos de recarga adicionales en España están pendientes de activación, lo que supone el 20% de la infraestructura total, debido a trabas burocráticas y la falta de capacidad eléctrica en ciertas zonas. Esta situación ralentiza el despliegue de la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos del PNIEC, que establece la instalación de 340.000 puntos de recarga públicos para 2030.
Concentración y falta de transparencia: barreras adicionales
Además de los retrasos en la activación, el estudio señala que el 96% de los puntos de recarga en España están gestionados por solo 10 empresas, lo que limita la competitividad y provoca un encarecimiento de los servicios de recarga pública. Esta concentración de operadores, sumada a la falta de interoperabilidad entre los distintos sistemas, genera frustración entre los usuarios, que deben utilizar diversas aplicaciones y métodos de pago dependiendo del operador.
May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, advierte que es necesario abordar estos problemas de forma urgente para asegurar un despliegue eficiente y accesible de la red de recarga pública, asegurando que los vehículos eléctricos sean una opción viable para todos los usuarios.
