La organización pide un marco armonizado que garantice seguridad jurídica, igualdad de trato entre operadores y una aplicación uniforme de las normas en toda la Unión Europea
Diferencias entre fabricantes que generan incertidumbre
La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha solicitado a las instituciones europeas la creación de un marco armonizado para las actualizaciones obligatorias de seguridad de los tacógrafos inteligentes, con el objetivo de evitar que los operadores de transporte tengan que asumir los costes derivados de vulnerabilidades detectadas tras la homologación de estos equipos.
La organización considera que la fiabilidad y la seguridad del tacógrafo constituyen un elemento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa social y de transporte en la Unión Europea, por lo que reclama una aplicación coherente de las reglas y una distribución equitativa de responsabilidades entre fabricantes, operadores y administraciones.
La IRU advierte de que la creciente digitalización del transporte hará que las actualizaciones de seguridad sean cada vez más frecuentes, por lo que considera imprescindible establecer desde ahora un procedimiento uniforme que evite interpretaciones distintas según el fabricante o el país
La IRU recuerda que el mercado europeo de tacógrafos está prácticamente concentrado en dos fabricantes, Stoneridge Electronics y Continental (Aumovio), circunstancia que hace aún más necesaria la existencia de criterios homogéneos para afrontar las actualizaciones de seguridad.
Tras la implantación de la última generación del tacógrafo inteligente (G2V2), se detectaron diversas vulnerabilidades de seguridad en equipos ya homologados. Aunque ambos fabricantes han desarrollado soluciones para corregirlas, han optado por estrategias diferentes.
Mientras Stoneridge Electronics decidió asumir el coste de las actualizaciones, Continental (Aumovio) implantó un sistema mediante el cual los operadores deben adquirir cupones para realizar dichas actualizaciones, trasladando así el gasto al usuario final.
La IRU rechaza que los operadores paguen por fallos detectados tras la homologación
La directora de Defensa de la UE de la IRU, Raluca Marian, considera que los transportistas no deberían soportar el coste económico de unas actualizaciones derivadas de vulnerabilidades descubiertas después de la aprobación del producto.
Según explica, las empresas de transporte ya realizan importantes inversiones para equipar sus vehículos con tecnologías obligatorias y necesitan disponer de estabilidad y previsibilidad en sus costes para poder planificar su actividad.
La organización señala además que este principio ya se aplica en otros sectores tecnológicos, como el de los dispositivos móviles, donde las actualizaciones destinadas a corregir problemas de ciberseguridad suelen ser asumidas por los propios fabricantes y no por los usuarios.
Reclaman una solución común para toda la Unión Europea
La IRU advierte de que la creciente digitalización del transporte hará que las actualizaciones de seguridad sean cada vez más frecuentes, por lo que considera imprescindible establecer desde ahora un procedimiento uniforme que evite interpretaciones distintas según el fabricante o el país.
En este sentido, solicita a las instituciones comunitarias que garanticen que los operadores no tengan que financiar las actualizaciones obligatorias relacionadas con vulnerabilidades detectadas tras la homologación, tanto en los casos actuales como en futuras incidencias.
Asimismo, reclama un enfoque armonizado a escala europea que asegure igualdad de trato entre las empresas de transporte, una aplicación coherente del marco jurídico y una asignación equilibrada de responsabilidades entre todos los actores implicados.
Para la IRU, mantener la confianza en el sistema de tacógrafos pasa por ofrecer seguridad jurídica, reglas claras y un tratamiento homogéneo en toda la Unión Europea, evitando que los operadores soporten costes derivados de problemas técnicos ajenos a su responsabilidad.
