De este modo se habilitaría a las Comunidades Autónomas para que pudieran revisar las tarifas de todos los contratos públicos de transporte en autobús, medida impuesta por la realidad de un constante incremento de costes fruto de la situación económica general, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo esta habilitación.
Otro tanto sucede con los contratos de transporte escolar que presentan un daño adicional derivado de la necesidad de renovar las flotas al alcanzar los vehículos la edad máxima permitida para este tipo de actividad, dándose el caso de que en alguna comunidad autónoma se ha tomado la iniciativa de autorizar la actualización de los precios viéndose frenada por el Gobierno entendiendo que las Comunidades no tienen capacidad para adoptar este tipo de decisiones.
