Es necesario llegar a un acuerdo para que el SMI cumpla por primera vez con la Carta Social Europea ratificada por España hace mucho tiempo y así poder superar esta crisis inflacionista.
La crisis inflacionista afecta al SMI
José María Torres, presidente de Conpymes cree que ahora es cuando el país más necesita la cooperación entre los grupos sociales para afrontar no solo el escaso aumento de los salarios, sino también el riesgo de una desaceleración económica en España.
La economía actual se frena
La CEOE-Cepyme ha presentado su último argumento para no asistir a la reunión con el Ministerio, lo que daña la reputación de los empresarios que representa. No se puede impedir que la Inspección de Trabajo verifique si los despidos colectivos tienen una justificación real y que la documentación sea coherente con las razones del despido. Desde Conpymes se preguntan: «¿De qué sirve entonces la Inspección de Trabajo?».
Según Torres, es muy grave que CEOE-Cepyme no cumpla con su deber legal al no asistir a las reuniones de negociación, aprovechando su posición dominante. Sus amenazas para interrumpir el diálogo social son inaceptables. Conpymes cree que si los salarios en España no se recuperan, la economía tenderá a desacelerarse. Por lo tanto, mejorar los salarios es necesario para reducir la desigualdad y combatir la pobreza y la pobreza salarial, además de impulsar el crecimiento económico.
En los salarios más bajos (SMI), los alimentos tienen una mayor proporción del gasto de los hogares en un escenario donde casi la mitad de los elementos usados para calcular el IPC aumentan por encima del 7%, y los alimentos por encima del 15%. Según Conpymes, «la realidad demuestra que el discurso sobre el salario mínimo no es cierto: no destruye empleo y sí ayuda a reducir la pobreza». La mayoría de estudios nacionales e internacionales ven un «impacto marginal» negativo del SMI en el empleo, pero hay más evidencias de su contribución a reducir la desigualdad. Además, el salario mínimo español, aunque ha subido recientemente, se encuentra entre los más bajos de la OCDE. Si se elevara hasta 1.082 euros al mes en 14 pagas para 2023, 2.272.000 trabajadores se beneficiarían, y desde Conpymes lo consideran necesario.
La patronal considera esencial que el aumento del SMI vaya de la mano con la modificación de la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público. Estas dos normativas impiden que los mejores salarios lleguen a miles de trabajadores y alientan una competencia desleal entre empresas que ofertan servicios para las Administraciones Públicas. Para Conpymes, estas leyes son un obstáculo para la negociación colectiva en los sectores económicos que tienen acuerdos con las Administraciones Públicas.
La Ley de Desindexación prohíbe fijar criterios para evaluar los costos monetarios de los contratos, así como establecer índices fijos como el IPC. Por otro lado, la Ley de Contratos del Sector Público no permite actualizar la cantidad del contrato en los servicios por la revisión salarial. Esta situación es un obstáculo para la negociación colectiva en muchos sectores. Para Conpymes, las Administraciones Públicas no pueden seguir ofreciendo servicios a empresas que ofrecen precios bajos para trabajar con mínimos beneficios y aseguran que «hay que cambiar este sistema de externalización productiva que perjudica a miles de trabajadores y pequeñas empresas».
