La negativa a prorrogar el tope de 125.000 euros de facturación para 2026 agrava la inseguridad tributaria y obliga a Fenadismer a reclamar una solución urgente a Hacienda
Segundo rechazo en apenas dos meses
El Congreso de los Diputados ha rechazado por segunda vez este año la prórroga del límite de facturación anual de 125.000 euros para continuar en el régimen de módulos en 2026, una medida clave para miles de transportistas autónomos. Como ya ocurriera el pasado mes de enero, la Cámara Baja ha vuelto a tumbar este jueves 26 de febrero la convalidación del Real Decreto-ley que incluía esta disposición tributaria.
La prórroga ya había decaído en enero tras la caída del Decreto-ley aprobado en diciembre por el Gobierno, lo que supuso el primer revés del año para el colectivo afectado. Con esta nueva votación, la incertidumbre vuelve a instalarse en el sector por motivos estrictamente políticos.
Fenadismer ha anunciado que solicitará al Ministerio de Hacienda la articulación de una solución administrativa excepcional, similar a la adoptada el pasado año para evitar perjuicios al colectivo
La mayoría conformada por PP, Vox y Junts ha repetido el bloqueo que ya protagonizó en enero, rechazando nuevamente la convalidación del Real Decreto-ley de medidas sociales y económicas aprobado por el Ejecutivo a comienzos de febrero. Esta decisión impide, por el momento, mantener el actual umbral de facturación que permite tributar por módulos en 2026.
En la práctica, la medida deja en situación de inseguridad jurídica a más de 30.000 transportistas autónomos, que dependen de este régimen simplificado para su actividad. De no adoptarse una solución alternativa, los afectados deberán presentar sus declaraciones trimestrales a partir del próximo mes de abril bajo el régimen de estimación directa durante el resto del ejercicio.
Fenadismer reclama una solución excepcional
Ante este nuevo escenario, Fenadismer ha anunciado que solicitará al Ministerio de Hacienda la articulación de una solución administrativa excepcional, similar a la adoptada el pasado año para evitar perjuicios al colectivo. La federación considera imprescindible ofrecer certidumbre fiscal inmediata a los transportistas autónomos afectados.
El sector advierte de que la falta de estabilidad normativa compromete la planificación económica de miles de profesionales, que vuelven a quedar pendientes de una posible respuesta del Ministerio en las próximas semanas.
