La organización alerta de que numerosos transportistas, especialmente autónomos y pequeñas empresas, siguen asumiendo costes que la ley obliga a repercutir mediante la revisión automática de los precios del transporte
Una garantía para evitar que el transportista asuma costes ajenos
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) ha denunciado públicamente que numerosas empresas cargadoras continúan incumpliendo la obligación legal de revisar los precios del transporte en función de la evolución del coste del combustible, una práctica que, según la organización, pone en riesgo la viabilidad económica de miles de transportistas, especialmente autónomos y pequeñas empresas familiares.
La patronal del transporte considera especialmente preocupante que, pese a los avances normativos alcanzados en los últimos años para equilibrar las relaciones entre cargadores y transportistas, siga existiendo un elevado número de incumplimientos de la cláusula de indexación del combustible, una herramienta considerada fundamental para proteger al sector frente a la volatilidad energética.
Conetrans ha instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a analizar con urgencia las denuncias registradas a través de los canales habilitados para detectar prácticas abusivas en la contratación del transporte
La cláusula de revisión obligatoria del precio del transporte en función de la evolución del combustible fue una de las principales reivindicaciones históricas del sector. Su implantación permitió reconocer un principio básico: que los transportistas no pueden asumir en solitario incrementos de costes sobre los que no tienen capacidad de actuación.
Sin embargo, Conetrans asegura haber constatado que muchas empresas cargadoras siguen sin aplicar correctamente esta obligación legal o lo hacen de forma desigual entre sus distintos proveedores, favoreciendo a determinados operadores y perjudicando a otros.
La organización denuncia que los casos más graves afectan precisamente a los profesionales con menor capacidad de negociación, como autónomos y pequeñas empresas, que constituyen la base del tejido empresarial del transporte por carretera y que, según advierte, están siendo empujados a situaciones económicas cada vez más comprometidas.
Reclaman una actuación urgente del Ministerio
La patronal recuerda que la no aplicación de la cláusula de indexación del combustible constituye un incumplimiento de la normativa vigente y puede dar lugar a sanciones administrativas.
Por este motivo, Conetrans ha instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a analizar con urgencia las denuncias registradas a través de los canales habilitados para detectar prácticas abusivas en la contratación del transporte.
Según la información de la que dispone la organización, el buzón de denuncias habilitado por la Administración acumula ya un importante número de comunicaciones relacionadas con incumplimientos normativos y comportamientos considerados abusivos por parte de determinados cargadores.
La organización considera imprescindible que las autoridades apliquen todas las sanciones que correspondan para erradicar estas prácticas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación.
En este sentido, Conetrans subraya que la defensa de unas relaciones comerciales justas y equilibradas constituye una de las prioridades del presidente de la organización y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Javier Arnedo, quien viene defendiendo la necesidad de dignificar la actividad y proteger a las empresas más vulnerables de la cadena logística.
La patronal insiste en que no puede haber empresas de primera y de segunda en función de su capacidad de negociación y recuerda que la normativa fue diseñada precisamente para evitar abusos que puedan comprometer la sostenibilidad económica de quienes prestan un servicio esencial para la economía.
Llamamiento a erradicar los abusos en la cadena logística
Para Conetrans, la dignificación del transporte por carretera no depende únicamente de la aprobación de nuevas normas, sino también de su aplicación efectiva y del control de su cumplimiento.
La organización concluye que continuará trabajando ante las administraciones públicas y el resto de agentes de la cadena logística para exigir el respeto íntegro de la legislación vigente y combatir cualquier práctica que menoscabe la rentabilidad, la estabilidad y la dignidad profesional de los transportistas.
“La ley debe proteger especialmente a quienes se encuentran en una posición más vulnerable”, sostiene la organización, que considera imprescindible garantizar que ningún transportista se vea obligado a operar en condiciones abusivas o a asumir costes que corresponden al conjunto de la cadena de valor.
