La confederación advierte de que el paro puede trasladar a las empresas un conflicto que, a su juicio, pertenece al ámbito de las políticas públicas
Conpymes ha solicitado la desconvocatoria de la huelga general anunciada por las organizaciones sindicales en relación con el problema del acceso a la vivienda. La Confederación Nacional de Pymes, que representa a más de 2,1 millones de pymes y autónomos en España, ha mostrado su rechazo a una convocatoria que considera ajena al conflicto entre empresas y trabajadores.La entidad apela a la responsabilidad sindical para mantener las reivindicaciones sociales fuera del ámbito de la actividad productiva y advierte de que una paralización general podría provocar un perjuicio directo a pequeños negocios y trabajadores autónomos, que ya operan en muchos casos con márgenes ajustados.
Dudas jurídicas sobre la convocatoria
Conpymes distingue entre el derecho a defender reivindicaciones sociales y la valoración jurídica de una convocatoria de huelga concreta. La organización recuerda que el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977 establece límites a las huelgas promovidas por motivos políticos o con fines ajenos al interés profesional de los trabajadores.Al mismo tiempo, la confederación señala que ese interés profesional no puede reducirse únicamente a una reclamación dirigida a una empresa concreta, ya que el Tribunal Constitucional ha precisado que comprende los intereses de los trabajadores en cuanto tales.
Por ese motivo, Conpymes asegura que no anticipa una declaración de ilegalidad solo a partir del anuncio. La organización indica que, cuando se conozcan los términos formales de la convocatoria, examinará sus objetivos efectivos, su conexión con los intereses de las personas trabajadoras y el cumplimiento de los requisitos legales. Si aprecia fundamentos suficientes, valorará entonces las actuaciones que correspondan ante los órganos competentes.“Entendemos la preocupación por la vivienda, aun así, lo que pedimos es que se exijan soluciones a quienes tienen capacidad para adoptarlas y que se escuche también a las pequeñas empresas y a los autónomos, que soportarían un perjuicio real por una paralización general. Defender esta posición no significa negar el problema ni desconocer los derechos de los trabajadores”, señala Conpymes.
Petición de responsabilidad sindical
La confederación considera que existen serias dudas jurídicas sobre el uso de la huelga laboral para presionar en decisiones de política pública que no están en manos de los empresarios afectados. En este sentido, sostiene que deberá analizarse si la referencia salarial constituye una reivindicación laboral real o un elemento instrumental para dar cobertura a una movilización de carácter político.
Conpymes denuncia que el intento de vincular la crisis habitacional con la negociación salarial puede constituir, según su valoración, un artificio legal y un fraude de ley. La organización entiende que podría tratarse de una maniobra para encajar normativamente una movilización social y evitar que el paro sea declarado nulo por la justicia.
El presidente de Conpymes, José María Torres, ha afirmado que “no se puede utilizar el derecho de huelga para resolver un problema de política pública del que las empresas no son responsables”. Torres ha subrayado que la organización es consciente y sensible al reto que supone el acceso a la vivienda, pero considera que estas reivindicaciones deben canalizarse mediante políticas públicas y vías de participación ciudadana, sin perjudicar la actividad de autónomos y pymes.
“Esta huelga ignora la realidad de la mayoría de pequeños empresarios, que soportan una fuerte presión fiscal y burocrática y, en muchos casos, apenas pueden sobrevivir. Exigir subidas salariales sin ayudar antes a estas empresas a respirar no es justicia social, sino abocarlas al cierre”, ha añadido.Por todo ello, Conpymes hace un llamamiento a las centrales sindicales para que desistan del paro generalizado y dejen de instrumentalizar las relaciones laborales. Asimismo, la patronal reclama a las administraciones públicas el cumplimiento estricto de la ley y la garantía de la libertad de trabajo para aquellos empleados que decidan no secundar la movilización si finalmente se convocara la huelga.
