Artículo de opinión de Manuel Perezcarro Martín sobre la entrada en vigor del DeCA y el peso creciente de la regulación en el transporte por carretera La entrada en vigor del Documento electrónico de Control Administrativo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿está el sector preparado para asumir nuevas obligaciones digitales?
El transportista suele quejarse, y no sin razón, de que el sector está excesivamente regulado. La paradoja es evidente: en muchas ocasiones, es el propio transporte quien pide esas normas para protegerse de abusos, impagos o prácticas que desequilibran la relación con cargadores y clientes.
La regulación, cuando está bien diseñada y se aplica con eficacia, puede ser una herramienta útil. Ahí están el régimen sancionador por morosidad en el pago del precio del transporte, la prohibición —con excepciones— de que los conductores realicen tareas de carga y descarga, o la acción directa del transportista efectivo para reclamar el pago del servicio. Son medidas que, sobre el papel, han venido a corregir situaciones que el sector llevaba años denunciando.
Pero una cosa es aprobar una norma y otra, bastante distinta, conseguir que funcione en la carretera, en la oficina, en la factura y en la relación diaria con el cliente.
Cuando la norma no siempre baja bien al terreno
Hay regulaciones que nacen con buena intención, pero que resultan complejas y difíciles de aplicar. Un ejemplo claro es la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del combustible. La idea parece razonable: si el gasóleo sube, el precio del servicio debería ajustarse. Sin embargo, la fórmula es compleja y solo resulta utilizable en determinados contratos.
Y luego está el control de todo esto. Salvo en el caso de la acción directa, muchas de estas obligaciones llevan aparejadas sanciones si se incumplen. Ahora bien, no siempre es sencillo determinar si ese incumplimiento ha existido. Ahí la actuación de la Inspección de Transporte se vuelve fundamental.
Los Planes de Inspección incluyen acciones para comprobar el cumplimiento de las normas, aunque no todas son igual de fáciles de verificar. En algunos casos, la Administración puede actuar de oficio o a través del Buzón de denuncias, manteniendo en el anonimato la identidad del denunciante. En otros, en cambio, es el propio transportista quien debe dar la cara y aportar pruebas.
Y eso cambia mucho las cosas.
Pensemos en el caso de un cargador o un obligado al pago que se opone a reflejar en la factura la variación del precio del transporte derivada del combustible. Para denunciarlo, el transportista debe probar que ha emitido una factura con el ajuste desglosado y que el cargador la ha rechazado o ha impedido su correcta expedición o aceptación. Sobre el papel, el mecanismo existe. En la práctica, el profesional sabe que identificarse como denunciante puede costarle el cliente.
Por eso la eficacia de la regulación no es la misma en todos los casos. Algunas normas se pueden controlar con relativa facilidad. Otras dependen de que el transportista se exponga. Y ahí, como cualquiera que conozca el sector sabe, la teoría se vuelve mucho más frágil.
El DeCA y la digitalización que llega con sanciones
Y ya que hablamos de regulación, aparece ahora el Documento electrónico de Control Administrativo, DeCA. La digitalización del transporte es necesaria, claro que sí. Ese es el futuro, y pocos lo discuten. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿está preparado el sector para asumir esta obligación en condiciones reales?Conviene hacerse varias preguntas antes de celebrar sin más la llegada de una nueva herramienta digital. ¿Se ha tenido en cuenta la distinta casuística que rodea la prestación de un servicio de transporte? ¿Son los cargadores conscientes de que esta obligación también les afecta directamente? ¿Están preparados los conductores, que en muchos casos serán quienes deban confeccionarlo o gestionarlo durante la operativa diaria?
Porque una cosa es diseñar un documento electrónico y otra muy distinta es incorporarlo a la realidad de un sector donde cada viaje puede tener sus propias particularidades. No todos los servicios son iguales, no todos los operadores tienen la misma estructura y no todos los profesionales cuentan con los mismos medios.El 5 de octubre, cuando esta reflexión ya esté en manos del lector, esta nueva regulación habrá entrado en vigor. Y su cumplimiento será fácilmente controlable, ya sea en ruta por las autoridades de Tráfico o a instancia de la Inspección del Transporte. Si el documento no se aporta en el formato exigido o está mal cumplimentado, podrá derivarse la correspondiente sanción.
Esa es, quizá, la parte que más inquieta: no tanto la digitalización en sí, sino la velocidad con la que una nueva obligación pasa a convertirse en otro posible motivo de sanción.El transporte vive rodeado de normas, algunas necesarias, otras complejas y otras que exigen un esfuerzo de adaptación que no siempre se mide bien desde el despacho. Ganarse la vida en este sector nunca ha sido sencillo. Pero si algo ha demostrado el transportista es que las dificultades no le arredran. Así que, una vez más, toca respirar hondo y decirlo claro: vamos al lío.
