IRU y la European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) han pedido modificar varios aspectos de las normas “Buy European” previstas para los vehículos eléctricos, al considerar que su aplicación actual podría obligar a retirar autobuses eléctricos que ya están operativos y generar costes para operadores y autoridades de transporte que realizaron sus inversiones conforme a las reglas vigentes
Cambios para evitar retirar autobuses que ya están en servicio
La Comisión Europea presentó en marzo de 2026 el Industrial Accelerator Act, una iniciativa destinada a reforzar la industria europea mediante el aumento de la demanda de productos fabricados en Europa y de bajas emisiones. Las propuestas de requisitos de “Made in EU” y bajo contenido en carbono afectarían directamente a los autobuses eléctricos adquiridos mediante contratación pública o con apoyo financiero público.
En una carta conjunta dirigida a la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE y a los miembros del Parlamento Europeo, IRU y EMTA plantean tres modificaciones principales: proteger durante toda su vida útil los autobuses eléctricos ya adquiridos y matriculados, armonizar las excepciones aplicables a contratación pública y programas de apoyo y proteger a operadores y autoridades frente a costes derivados de incumplimientos de los fabricantes que escapen a su control.
Raluca Marian, EU Advocacy Director de IRU, considera que el refuerzo de la fabricación europea debe compatibilizarse con las condiciones reales del mercado y la seguridad necesaria para que operadores y autoridades continúen invirtiendo en la transición energética
Las organizaciones reclaman que los vehículos de origen no comunitario comprados y matriculados antes de la entrada en vigor de la nueva regulación puedan seguir siendo utilizados durante toda su vida operativa, incluso después de 2035.
El objetivo es evitar que autobuses eléctricos plenamente funcionales y adquiridos con financiación pública tengan que abandonar prematuramente las redes de transporte por cambios posteriores en las condiciones de elegibilidad.
Raluca Marian, EU Advocacy Director de IRU, considera que el refuerzo de la fabricación europea debe compatibilizarse con las condiciones reales del mercado y la seguridad necesaria para que operadores y autoridades continúen invirtiendo en la transición energética.
Por su parte, Thomas Geier, secretario general de EMTA, recuerda que las autoridades de transporte han realizado importantes inversiones en descarbonización mediante autobuses eléctricos y advierte de que no deberían desperdiciarse vehículos sostenibles que todavía pueden prestar servicio durante años.
Armonizar las excepciones entre contratación y ayudas
IRU y EMTA también reclaman criterios homogéneos para las excepciones aplicables a la contratación pública y a los programas de apoyo financiero.
Según las organizaciones, actualmente un mismo vehículo o una misma oferta podría cumplir los requisitos de uno de estos instrumentos y no los del otro, generando cargas administrativas adicionales e incertidumbre para los operadores y las autoridades.
La armonización permitiría simplificar la aplicación de las normas y aportar mayor claridad a quienes deben planificar inversiones en flotas eléctricas.
El tercer punto de la propuesta se centra en los incumplimientos de los fabricantes en los plazos de entrega. IRU y EMTA solicitan una mayor protección para operadores y autoridades cuando los retrasos se produzcan por causas que no estén bajo su control.
Las organizaciones plantean que las penalizaciones y costes derivados de estos incumplimientos puedan trasladarse al fabricante o proveedor responsable, evitando que recaigan sobre quienes han contratado el vehículo y han cumplido sus obligaciones.
Un marco que funcione para toda la cadena de valor
IRU defiende que unas normas eficaces de “Buy European” deben combinar el fortalecimiento de la industria europea con la protección de las inversiones realizadas y un reparto equilibrado de responsabilidades.
“Un marco de Buy European que tenga éxito debe funcionar para toda la cadena de valor”, concluye Raluca Marian. A su juicio, unas reglas claras, la protección de las inversiones existentes y un reparto justo de responsabilidades pueden contribuir a reforzar la fabricación europea y mantener la confianza necesaria para seguir avanzando en la transición hacia un transporte más sostenible.
