La patronal sostiene que el impacto del encarecimiento del diésel en el precio final de los productos es inferior a un céntimo por kilo y reclama certezas sobre las ayudas al combustible
Astic ha negado que el transporte por carretera esté detrás de buena parte de la inflación del 4,3% registrada en agosto y ha defendido que el fuerte encarecimiento del diésel tiene una repercusión muy limitada en el precio final de los productos.La Asociación del Transporte Internacional por Carretera advierte de que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el precio del gasóleo ha subido un 43%, un incremento que se ha trasladado de forma inmediata a la estructura de costes de las empresas transportistas. Para estas compañías, el combustible representa alrededor del 40% de sus gastos de explotación.
El diésel golpea los costes, pero apenas llega al precio final
Ante esta escalada, los operadores se han visto obligados a aplicar una actualización de tarifas cercana al 20%, conforme al mecanismo de revisión previsto en la Ley 15/2009. Sin embargo, Astic subraya que este ajuste tiene un impacto muy reducido sobre el precio final de las mercancías transportadas por carretera.
La patronal lo explica con un ejemplo concreto. Un porte contratado hace un año por 1.000 euros para transportar 23.000 kilos de fresas en un camión articulado de 44 toneladas experimentaría, tras la actualización derivada del incremento del combustible, un ajuste de 150 euros. Eso equivale a una subida del 15% sobre la tarifa del transporte.Pero, repartido entre los 23.000 kilos transportados, ese incremento supone poco más de medio céntimo adicional por kilo. Es decir, según Astic, el transporte pesado absorbe un golpe muy fuerte en sus costes y márgenes, mientras que su incidencia en el precio que termina pagando el consumidor es inferior a un céntimo por kilo de producto.
Certezas sobre las ayudas y un plan específico para el sector
Astic reclama al Gobierno certezas sobre la continuidad de las ayudas al combustible más allá del 30 de septiembre. La organización advierte de que la falta de información dificulta la planificación de las empresas, especialmente en un sector donde los repostajes mensuales tienen un peso económico muy elevado.“La inseguridad jurídica en la que tienen que trabajar nuestras empresas es enorme. Grandes compañías con flotas de cientos de camiones no saben aún si a partir del 1 de octubre harán frente a un incremento de precios de más de 25 céntimos por litro, teniendo en cuenta que un camión pesado reposta unos 4.000 litros de gasoil al mes”, ha señalado Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic.
Valdivia también ha criticado el nivel de ayudas recibido en septiembre. “En el sector confiábamos en que las ayudas directas se mantuvieran en septiembre en el entorno de los 0,20 euros por litro, pero finalmente solo han sido de 0,05 euros por litro y el motivo es, paradójicamente, que el precio del gasóleo ha subido bastante más de lo que se esperaba”, ha afirmado.La patronal denuncia, además, una fuerte dispersión en la gestión de los pagos por parte de la Agencia Tributaria. Según Astic, a fecha de 16 de septiembre, cuatro de cada cinco empresas asociadas no habían recibido todavía la totalidad de las ayudas correspondientes al plan aprobado en marzo. Algunas no habrían cobrado ninguna cantidad, otras solo importes parciales y solo una minoría habría percibido todo lo previsto.
Astic pide también un plan específico de apoyo al transporte de mercancías por carretera, con especial atención a las empresas que realizan rutas internacionales. La organización recuerda que estas compañías conectan la industria española con sus mercados de exportación y garantizan el suministro de bienes, componentes y materias primas a lo largo de la cadena logística.“Estas compañías son una infraestructura económica en sí mismas”, ha concluido Ramón Valdivia, que ha vinculado la competitividad del transporte internacional con la capacidad exportadora del país. Según ha señalado, en torno a un tercio del PIB español está relacionado con la actividad exportadora, por lo que proteger el transporte internacional significa también reforzar la economía española en los mercados exteriores.
