Los confinamientos perimetrales ha obligado a estas Plataformas ha tener que recurrir temporalmente a la contratación de transportistas autorizados
Dicha medida ha provocado consecuencias imprevistas en algunas de las principales Plataformas de venta on line de renombre, que han venido basando su negocio en fomentar la economía sumergida y la precariedad en el sector del transporte contratando personas con vehículos particulares para hacer la entrega de las mercancías y productos de consumo adquiridos por sus clientes, amparados en una presunta impunidad por la falta de control efectivo de dicha actividad ilegal hasta la fecha,
Sin embargo, los confinamientos perimetrales ha obligado a estas Plataformas ha tener que recurrir temporalmente a la contratación de transportistas autorizados, según ha podido constatar Fenadismer por la información facilitada por sus asociados, ante la imposibilidad de que los titulares de los vehículos particulares que venían haciendo el reparto pudieran justificar el carácter profesional de su actividad en los controles policiales establecidos.
Hay que tener en cuenta que estas entidades, multinacionales en la mayoría de los casos, han incrementado de forma considerable sus ventas como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del cierre decretado de los de los establecimientos físicos en muchas regiones, lo que ha fomentado la venta por internet de todo tipo de productos a través de estas Plataformas on line.
Sin embargo, según Fenadismer ha podido comprobara el reparto de los productos adquiridos a través de la web de dicho establecimiento comercial no se está realizando con transportistas autorizados, sino con vehículos particulares, lo que supone una vulneración manifiesta de la legalidad vigente en materia de transportes, lo que ha sido puesto en conocimiento de los Servicios de Inspección de Transporte a fin de que se proceda a la paralización inmediata de la actividad de reparto por ilícita y se sancione gravemente a dicho grupo empresarial.
Por ello, Fenadismer sigue insistiendo en la necesidad de que los Servicios de Inspección de Transporte de las Comunidades Autónomas lleven a cabo un Plan de inspección prioritario contra estas prácticas ilícitas a fin de que sean erradicadas, por suponer un fraude de ley y una competencia desleal para el sector profesional del transporte por carretera en España.
