Dicha decisión unánime ha sido adoptada ante la ausencia de previsiones certeras respecto del comportamiento de la demanda de servicios en el Sector debido a la actual situación de pandemia y sus consecuencias económicas y además en consideración a la incertidumbre e inseguridad que para las empresas y personas trabajadoras del Sector Transitario suponen los efectos negativos que podrán generarse si finalmente se aprueba el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pendiente de debate parlamentario en estos momentos.
En este sentido señalar que las medidas recogidas en el referido Proyecto dificultaran el ejercicio pacífico de los servicios aduaneros que prestan losTransitarios, en su calidad de Representantes Aduaneros, por el alto riesgo e incremento de costes económicos que se pretenden establecer, al hacerles responsables solidarios de la deuda aduanera y tributaria de las operaciones de comercio exterior de sus clientes, cuando estos exportan o importan sus mercancías con origen-destino terceros países, que producirán importantes desvíos de los despachos de aduanas de las mercancías a otros países de nuestro entorno europeo en perjuicio de los operadores nacionales y afectando al empleo en el Sector.
