Las compañías que integran la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) reconocen los avances realizados por la Administración para abordar el fraude en el negocio de los biocarburantes y, por eso, respaldan la reciente Resolución de la Secretaría de Estado de Energía.
Esta medida incrementa, explican desde AOP, el pago a realizar por los sujetos obligados al Fondo Compensatorio en caso de no disponer de los certificados suficientes para cubrir su obligación, que se había quedado desfasado respecto del coste diferencial entre los carburantes bio y fósiles, y que es una medida que se venía solicitando desde la Asociación.
La AOP entiende que se debe perseguir u sancionar con mayor dureza a quienes obtienen beneficios ilegítimos con la venta de biocarburantes
No obstante, AOP cree que «la resolución aprobada no es suficiente por sí sola para atajar el fraude en el mercado de los biocarburantes, algo que exige de una acción determinada para evitar poner en riesgo la consecución de los objetivos de reducción de emisiones. Los operadores que no incorporan el porcentaje obligatorio de biocarburantes provocan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, arriesgando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)«, añadiendo que «a esto se suma la competencia desleal y la obtención de beneficios ilegítimos, provocando la pérdida de ventas de quienes cumplen la normativa vigente».
‘Son necesarios’
A juicio de la Asociación, «estas prácticas fraudulentas se producen por la brecha de precio entre los biocarburantes y los combustibles tradicionales. Dada la falta de incentivo para introducir el biocarburante, hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo, ahorrándose el sobrecoste del biocarburante y obteniendo un beneficio ilegítimo por la diferencia entre ambos precios. A esto se añade el incumplimiento masivo de pagos al Fondo compensatorio por parte de los operadores con déficit de certificados».
Por este motivo, AOP viene revindicando «la actuación frente a estas prácticas fraudulentas, que no solo obstaculizan el avance real y efectivo en la reducción de emisiones, sino también provocan una competencia desleal dañando y desincentivando a las empresas cumplidoras».
Propuestas
Una de las medidas que AOP reclama es el «establecimiento de una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor», que «tendría un carácter claramente disuasorio para el que pretenda incumplir, dificultando el fraude, y en caso de que éste se produjera, las Administraciones podrían recuperar, al menos en parte, el dinero defraudado».
Asimismo, sería «igualmente necesario un sistema ágil de reporte del cumplimiento de las obligaciones y del régimen sancionador oportuno para aquellos operadores que incumplan». AOP también cree que se debe dar «un paso más en el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del sector. Dos años después de la presentación de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, y en el marco de la defensa y difusión de los combustibles líquidos neutros o bajos en carbono, la Asociación viene a reivindicar la necesidad de que la Administración marque una senda que les permita llegar a los objetivos que marcan tanto la Directiva Europea de Energías Renovables (RED II) como el PNIEC».
Por un lado, «la RED II prevé que el Estado debe imponer una cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del Transporte que, en 2030, ha de ser mínimo del 14%. Por su parte, el PNIEC fija un objetivo mayor: alcanzar un 28% de renovables en el Transporte en 2030, para lo que se reconoce en el mismo documento que los biocarburantes son imprescindibles». Sin embargo, como analiza AOP, «España aún no ha traspuesto por completo la RED II, fijando solo los objetivos a cumplir para 2021 y 2022, a diferencia de otros países europeos que ya tienen una ruta definida hasta 2030. La ausencia de la citada senda provoca una inseguridad jurídica en la inversión».
La Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, que AOP presentó hace más de dos años, pone de manifiesto que «la industria del refino tiene clara la ruta que transitar para alcanzar las emisiones netas cero en 2050. Pero el desarrollo de ecocombustibles, gracias a los que según el PNIEC podrán conseguirse la mitad de los objetivos de descarbonización, requiere un marco legal estable que fomente la inversión».
Así, «para que la transición energética sea abordada con éxito, es necesario no solamente incorporar los ecocombustibles bajo unos parámetros definidos y con un margen temporal suficiente, sino garantizar que se cumplen los objetivos marcados por la legislación», concluye el comunicado de AOP.
