El anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, se encuentra en fase prelegislativa.
Pero contiene alguna que otra cuestión digna de mención. Entre tales novedades, como informa CETM, se incluye solapadamente la posibilidad de que las víctimas de accidentes de tráfico tengan que tributar por la indemnización que reciban cuando se trate de un acuerdo amistoso.
Esta modificación supondrá un fuerte perjuicio para los profesionales que, desgraciadamente, sufran un accidente
Para un Sector como el nuestro, cuya actividad se desarrolla en la carretera, a pesar de que la tasa de accidentalidad de camiones no es elevada y se ha reducido con fuerza en los últimos años, esta modificación supondrá un fuerte perjuicio para los profesionales que, desgraciadamente, sufran un accidente, a juicio de la Confederación.
Escasa siniestralidad
La CETM advierte que es injusto que, a la hora de recibir una compensación por los daños sufridos tras un suceso de estas características, se deba hacer frente a este gasto, considerando que no se puede establecer una medida recaudatoria cuando se trata de algo tan delicado como la restitución de los graves perjuicios personales y patrimoniales sufridos por las víctimas.
Incremento de costes
Además, la Confederación pone el acento en el hecho de que este anteproyecto introduce cambios en el procedimiento de los trámites de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados, que provocará un incremento de los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada tercero neutral, exigiendo además escritura pública cuando el pago es realizado por una entidad aseguradora.
A esto se añade que si tributan las indemnizaciones obtenidas tras un acuerdo amistoso, se generará un aumento de los litigios, pues las víctimas deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando, aún más si cabe, la ya desbordada administración de Justicia.
Por todo ello, la Confederación espera que se estudie esta modificación y finalmente no se lleve a cabo, puesto que reparar los daños personales y patrimoniales de las víctimas de los accidentes de tráfico de manera íntegra es indispensable y un derecho de los ciudadanos.
