La Comisión Sectorial de Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Carretera de Cataluña, formada por CCOO-UGT-FECAV, llega a un acuerdo para la interposición de un recurso contra el pliego de cláusulas de la licitación de transporte público, que evitaría movilizaciones en el sector.
Las condiciones establecidas cuestionan la legalidad de la licitación
Bajo este marco, Confebus informa que la Comisión considera que el sistema de puntuación de los aspectos económicos en la licitación para la adjudicación del del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros entre Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat y otros municipios condiciona la viabilidad de la prestación del servicio, deja al descubierto el desequilibrio notable en la relación calidad-precio.
Es por ello que se apela a la pluralidad de los criterios de adjudicación, ya que si no se llevan a cabo el cambio de varios parámetros no sería equitativa ni respetaría el objetivo de la prestación en estándares óptimos de calidad, y tampoco lo haría con la preservación de las condiciones laborales, elementos defendidos por la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña.
Desde la Comisión, observan que los criterios de adjudicación de esta licitación con sello de AMB deberían respetar el equilibrio entre los aspectos económicos y técnicos con el objetivo final de preservar, entre otros, las características sociales que implican el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales, la estabilidad en el empleo y la experiencia del personal, teniendo en cuenta que más de 4000 puestos de trabajo dependen de estas licitaciones.
El pliego de cláusulas administrativas en materia de calidad y estabilidad laboral son una referencia que han de cump0lirse junto con las obligaciones sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional y en los convenios colectivos con el fin de mejorar las condiciones de los convenios sectoriales, así como los planes de reciclaje y formación del personal y la mejora de la seguridad y salud laboral.
Tal es el escenario que el cálculo del presupuesto base de la licitación propone un esquema de costes basado en datos de 2019 y una previsión de ingresos, que toma como referencia datos pre-pandémicos de demanda de 2019, previendo incrementos del 2% por año a partir de 2023; aunque actualmente existe una reducción de la demanda que transpasa el 20%.
Ante esta atípica situación, los miembros de la Comisión, por consenso, han presentado recursos al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público con la intención de impugnar el pliego de cláusulas administrativas particulares y la memoria económica del contrato,ya que las condiciones establecidas dejan en estredicho la legalidad de la licitación. Por su parte, la asociación representativa y ambos sindicatos solicitan la nulidad de diferentes aspectos del pliego.
