La mala gestión pública en el cambio de administración de Cites, ahora a cargo de la Dirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica y Retos Poblacionales, está creando caos, amenazando con un bloqueo total a la importación y exportación de productos y cantidades de animales vivos sujetos a estos controles.
Feteia considera que existe una dejación de funciones
A partir del 2 de enero de 2022 del año pasado, la Dirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica para el Comercio Exterior dejó de ser el órgano de gestión de Cites y asumió las referidas competencias de la Dirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transiciones ecológicas y desafíos demográficos.
El cambio de autoridad competente esta vez no ha consultado las opiniones de los operadores, no ha considerado las necesidades de los operadores, carece completamente de previsión y ha actuado con imprudencia en la situación actual.
Carencias en el proceso
El primer problema surge por la falta de previsión de la migración de sistemas informáticos entre ministerios, que se completó a finales de enero, por lo que desde hace casi un mes no se pueden realizar solicitudes. Una vez que se completa la migración, la situación actual es que la Oficina General está desbordada y no tiene la capacidad de administrar las solicitudes enviadas, por lo que el tiempo de espera entre la solicitud y la concesión del permiso ha aumentado casi en promedio mensual y está empeorando a medida que se acumulan las solicitudes.
Además, la plataforma informática sufre de sucesivos fallos que impiden la tramitación de la solicitud. Si es posible, la situación anterior se ve agravada por el hecho de que, en muchos casos, lamentablemente los animales vivos quedan atrapados en los almacenes, poniendo en peligro su salud.
La situación que se está viviendo también ha llevado a las empresas a asumir elevados costes por el almacenamiento de estas mercancías en las instalaciones, por lo que aclaman también que se considere como una dejación de funciones. Esta actuación está poniendo en riesgo la posibilidad de operar de las empresas y, en muchos casos, las está obligando a importar a través de otros estados miembros de la UE.
