El combustible un 63% más caro
Los precios del gasóleo han subido un 63% en todo el mundo desde enero de 2021, y se han disparado desde la guerra de Ucrania, sin que se vislumbre el fin de la volatilidad. Las subidas de los precios del combustible han afectado a los márgenes de los operadores en un 9% en dos meses, pero sus márgenes de beneficio neto suelen ser de poco más del 3%.
La escalada de los precios de los combustibles está impulsando la inflación en la economía mundial, y las cadenas de suministro se enfrentan a bloqueos. El creciente riesgo de quiebra de los pequeños operadores romperá aún más las redes de movilidad y logística, y significará que son menos capaces de invertir en nuevos vehículos para descarbonizar.
Medidas de emergencia
El plan de emergencia de IRU incluye 17 medidas gubernamentales para apoyar a los operadores de transporte por carretera, especialmente para aliviar la volatilidad de los precios del combustible, y para reajustar las hojas de ruta de descarbonización a las nuevas realidades de la creciente inseguridad energética.
Entre las medidas, IRU reclama un mecanismo de ajuste del impuesto especial sobre el combustible para los operadores de transporte comercial, a fin de proporcionar seguridad a corto plazo y evitar el colapso parcial de las redes de transporte por carretera y la inflación. En Alemania, por ejemplo, una reducción temporal del impuesto especial del 87% supondría que un operador se equilibre en lugar de perder dinero.
Debido a las enormes diferencias de hasta el 96%, IRU también pide que todos los modos de transporte comercial paguen el mismo impuesto sobre el combustible para mantener el rumbo de los planes de descarbonización, así como para acelerar las medidas de eficiencia mediante el transporte colectivo por carretera y los camiones ecológicos.
En medio de una mayor inseguridad energética y un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de combustible, también es necesario que todos los combustibles alternativos y existentes, bajos o nulos, sigan siendo operativos. Los gobiernos deberían revisar cuidadosamente las políticas de descarbonización para planificar un cambio más gradual hacia los combustibles renovables, más allá de los vehículos eléctricos de batería, y reducir las distorsiones del mercado, como el cobro a los usuarios de la carretera y las zonas de emisión cero que excluyen las opciones de combustible de bajo carbono ya operativas, como el biodiésel y el bioGNL.
