La Federación Española de Municipios y Provincias siempre ha jugado un rol importante en la planificación del transporte colectivo. A fin de cuentas, sus integrantes son quienes han de poner en práctica las decisiones que se tomen desde el punto de vista normativo, por lo que su opinión y asesoramiento suele ser bien recibido.
En una reciente comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, Santano propuso a los parlamentarios que garanticen que el derecho a la movilidad sostenible llegue a todos los municipios, reclamando al mismo tiempo el lugar de la FEMP en la Conferencia Sectorial de Transportes, junto con una mayor facilidad en el sistema que define las subvenciones recogidas en la futura Ley de Movilidad Sostenible, asunto principal de su aportación.
Un derecho que posibilita otros
La Ley nos lleva a pensar la movilidad como un derecho que permite otros derechos como el trabajo, el ocio o la salud, lo que se convierte en un verdadero hito. Del mismo modo, Santano aplaude que la ley entienda que la movilidad no es una cuestión exclusivamente urbana, ya que extiende la planificación de la movilidad a los municipios de menos de 50.000 habitantes, y el debate de la movilidad sostenible a todas las Administraciones.
Puesto que la Ley se encuentra en trámite parlamentario, y todavía es posible modificar alguno de sus articulados, el presidente de la Comisión de Transportes de la FEMP esbozó una nueva serie de propuestas que maneja la Federación, entre las que se encuentra su incorporación a la Conferencia Sectorial de Transportes y que el texto especifique que la FEMP es la responsable de designar representación local en el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible. Al respecto de la asignación de fondos prevista en la Ley, el alcalde irundarra destacó que debe garantizar la suficiencia de fondos y priorizar que los costes operativos estén plenamente cubiertos.
Y justo con este mismo argumento, y dado que hay localidades de menos de 50.000 habitantes que, por motivos históricos o geográficos y sin obligación legal, cuentan con un servicio de transporte municipal, recalcó la importancia de que los fondos se dirijan a todas las Entidades Locales, para lo que podría ser una solución que el derecho a la movilidad sostenible también esté reflejado en la Ley de Bases de Régimen Local, concluyó Santano.
