Es relevante destacar que, a juicio de la entidad, «las autoridades locales desean seguir siendo las encargadas de determinar las condiciones de reventa del transporte público y otros servicios de transporte contratados o compensados públicamente. Dichas condiciones incluyen restricciones técnicas o el uso de normas técnicas, garantizando que se pueda comprobar la viabilidad del billete y evitar el fraude. Otro aspecto importante es la política de precios».
En esta línea, para la UITP, la EMTA y POLIS, «el aprovechamiento de la estructura tarifaria es un medio para que las autoridades logren la sostenibilidad, la equidad y una gobernanza eficaz. También en opinión de CER, los billetes no pueden revenderse a precios diferentes sin el acuerdo previo del operador. Por otro lado, varias partes interesadas (como el Ministerio finlandés) apuntan que los operadores de MDMS tienen libertad para fijar los precios de los servicios prestados a los usuarios finales, tal y como prevé la legislación de la UE en materia de competencia.
Esta competencia intramarca, garantizada por la legislación de competencia de la UE, es beneficiosa para los consumidores. Al menos, este es el caso de los servicios comerciales, aunque la situación podría ser diferente para los servicios OSP. Por ejemplo, UITP señaló que la LOM francesa permite a los MDMS revender servicios de OSP a un precio fijado por la MPMF sólo con el consentimiento de la PTA o del MSP; de lo contrario, los servicios de OSP pueden venderse a través del MDMS en los términos y condiciones establecidos por el MSP en relación con el uso, reserva y fijación de precios de sus servicios («modelo de mercado»).
Otra razón para no querer firmar ningún tipo de acuerdo con MDMS de terceros es la importancia de la interacción directa con los usuarios finales. Cualquier integración o agregación de servicios tendría que garantizar la calidad del servicio hacia los clientes, su privacidad, seguridad y protección. De hecho, los operadores de transporte no deberían estar obligados a conceder acceso a sus datos a nadie y sin garantías de seguridad.
¿Debe permitirse que el MDMS distribuya todas las tarifas disponibles?
Para los usuarios finales, es importante ver todas las tarifas pertinentes, incluidas las más atractivas, tal como se establece en el Reglamento RPR revisado. De lo contrario, puede que no tengan ningún incentivo para utilizar un MDMS. Desde la perspectiva de los distribuidores, también es necesario incluir, quizá no todas, pero en cualquier caso las tarifas más bajas (no sólo la tarifa única), en los MDMS y permitir que éstos las distribuyan. De lo contrario, no hay razón comercial para el MDMS.
Esta es la razón por la que actualmente hay pocos MDMS o por la que no son rentables. Por lo tanto, tanto para los distribuidores como para los pasajeros, es importante que los MDMS tengan un acceso equivalente y no discriminatorio a los contenidos de los proveedores de servicios de transporte en comparación con los canales de distribución propiedad de los PSV. En el caso del transporte público local, la UITP sugirió que la iniciativa MDMS se limitara, al menos al principio, a los billetes sencillos y, posiblemente, a los billetes turísticos, como los abonos de 24 horas o semanales.
Una de las barreras para que todas las tarifas estén presentes en un MDMS (por ejemplo, descuentos para jóvenes, mayores, programas de fidelidad) es que esto requiere acceder a los datos personales/perfil de un usuario. Finlandia ha ideado el concepto de «autorización en nombre de terceros» para resolver este problema, que permite descuentos personales en la cadena de transporte ofrecidos por el operador del MDMS de una manera transparente que no requiere la identificación específica del modo en cada tramo de un viaje.
En efecto, hay que tener en cuenta la seguridad y la protección de los datos, tanto para las empresas como para los particulares. Por ejemplo, los agentes del uso compartido de bicicletas realizan operaciones que son más sensibles al GDPR, lo que dificulta el tratamiento de los datos. Los usuarios finales deben tener/mantener el control sobre cómo se utilizan sus datos personales.
