Un claro ejemplo de esto lo vivimos durante la campaña electoral. En concreto, con la labor de Correos y todo su personal. Denostados, puestos en tela de juicio, con un halo de sospecha sobre su trabajo, acusados de tener intereses partidistas Y con un enorme volumen de actividad que afrontar.
La gestión del voto por correo, dadas las fechas vacacionales en las que se han convocado las Generales, ha supuesto un enorme reto para el operador postal. Cerca de 2,5 millones de personas pudieron ejercer su derecho, un 93,8% de las solicitudes admitidas (2,66 millones), según los datos de Correos, ·el ratio más alto alcanzado en elecciones generales desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados.
Notable incremento de volumen
Además, suponen un 98% más respecto al número total de votos admitidos en las Elecciones Generales celebradas el 28 de abril de 2019 (1.241.716) y un 81% más que los registrados en el proceso homólogo celebrado el 26 de junio de 2016 (1.357.745) que, hasta ahora, marcaba el récord histórico en el número de votos por correo gestionados en los procesos electorales de la democracia española.
Organizar toda esta logística, ampliar el horario de algunas de sus oficinas, o solicitar (con éxito) a la Junta Electoral que les diera más plazo para tramitar las peticiones de los ciudadanos a última hora, son algunas de las acciones llevadas a cabo por Correos, y merecen un reconocimiento.
El transporte y la distribución sólo aparecen en la actualidad pública cuando fallan. Pero cuando son esenciales, como en esta ocasión, para que la sociedad siga su curso, deberían estar en primera plana, con mucha más razón.
