Diferentes reacciones
En comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares y Murcia, las autoridades han confirmado que las tarifas bonificadas seguirán vigentes, al menos temporalmente. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, continuará ofreciendo un descuento del 60% en el transporte público, destacando la importancia de estas ayudas para aliviar la presión económica sobre las familias y fomentar el uso del transporte colectivo. Del mismo modo, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha garantizado el mantenimiento de las bonificaciones actuales, asegurando que cualquier posible cambio en las tarifas se comunicará oficialmente. En Baleares, se ha ratificado la gratuidad del transporte público de competencia autonómica, reafirmando su compromiso con la accesibilidad y el bienestar social.
Gobiernos locales se han volcado con el transporte público dada su importancia
En regiones como Castilla y León y Galicia, las bonificaciones autonómicas también permanecerán activas, incluyendo descuentos en trenes de alta velocidad Avant y en autobuses interurbanos, mientras que Galicia extenderá sus ayudas actuales hasta finales de enero, con planes para aplicar tarifas reducidas del 20% en febrero. Estas acciones subrayan la importancia de garantizar un transporte accesible y asequible, especialmente en áreas donde la dependencia del transporte público es alta y las opciones alternativas son limitadas.
A nivel urbano, ciudades como Zaragoza, Santander y Vitoria han anunciado que mantendrán los descuentos actuales mientras buscan soluciones definitivas. En Zaragoza, por ejemplo, las autoridades locales están a la espera de que el Gobierno central articule un nuevo decreto que permita prolongar las ayudas de manera sostenible. En Santander, los descuentos del 50% seguirán aplicándose durante el mes de enero, mientras que Vitoria y la Diputación Foral de Álava han comunicado que garantizarán tarifas reducidas mientras se evalúan las próximas decisiones gubernamentales.
En Canarias, el impacto de la derogación se ha sentido especialmente, llevando a las autoridades insulares a reclamar un nuevo marco legislativo que asegure la gratuidad del transporte público. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha garantizado que el transporte continuará siendo gratuito durante 2025, a pesar de la incertidumbre generada por la decisión estatal.
Esta situación evidencia el papel crucial que juegan los gobiernos regionales y locales en la gestión del transporte público como un servicio esencial. Además de su impacto económico, estas medidas refuerzan el compromiso con la sostenibilidad y la movilidad accesible. Sin embargo, también plantean la necesidad de una coordinación nacional que garantice la continuidad de estas ayudas y su sostenibilidad financiera a largo plazo.
