Ante las recientes protestas protagonizadas por conductores procedentes de terceros países en distintos países europeos, como Francia, Países Bajos e Italia, la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha reiterado públicamente su firme apoyo a estos profesionales, destacando su preocupación por la persistencia de malas prácticas y abusos cometidos por algunas empresas del sector.
La directora de Defensa para la UE de IRU, Raluca Marian, ha señalado que estas protestas ponen en evidencia la urgente necesidad de asegurar que todos los empleadores de la Unión Europea proporcionen un trato justo a los conductores de terceros países. Estos trabajadores son esenciales para el sector europeo del transporte por carretera y merecen ser tratados con el mismo respeto, equidad y dignidad que sus homólogos comunitarios.
Exigencia de cumplimiento estricto de la ley
En este sentido, la IRU ha pedido nuevamente a las autoridades nacionales y europeas un compromiso firme para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, instando a las instituciones encargadas a actuar con determinación contra cualquier práctica ilegal que vulnere los derechos laborales y humanos de los conductores.
La industria del transporte debe estar libre de abusos y prácticas explotadoras que no solo perjudican gravemente a los conductores, sino que además erosionan la integridad y sostenibilidad del sector, afirmó Marian.
Los conductores de terceros países, clave frente a la escasez en Europa
En un contexto marcado por una importante escasez de conductores profesionales en Europa, IRU ha enfatizado que estos trabajadores procedentes de países externos son una parte indispensable de la solución al problema. Por ello, la organización subraya la importancia de garantizar su integración en el sector del transporte con condiciones dignas, justas y equitativas.
Compromiso con el diálogo y la cooperación institucional
Finalmente, IRU reiteró su compromiso de seguir trabajando estrechamente con la Comisión Europea, los sindicatos y las autoridades nacionales encargadas de velar por el cumplimiento normativo, con el objetivo de asegurar que todos los conductores europeos y de terceros países sean tratados justamente y en pleno cumplimiento de la legislación europea vigente.
Este llamado a la acción busca consolidar un sector del transporte por carretera más justo, eficiente y sostenible, basado en el respeto y la dignidad de todos sus trabajadores.
