La propuesta de Reglamento de Plazos de pago de la Comisión Europea ha recibido enmiendas por parte de grupos parlamentarios conservadores, lo que representa un retroceso en la reducción de los plazos de pago. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad advierte que esto generaría plazos más largos y perpetuaría los abusos de las grandes compañías. Además, se eliminaría el control de pagos a subcontratistas en la contratación pública.
La propuesta de Reglamento de Plazos de pago de la Comisión Europea ha recibido una serie de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios conservadores, el Partido Popular Europeo (EPP) y Conversadores y Reformistas Europeos (ECR). Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), estas enmiendas representan «un retroceso en la lucha por reducir los plazos de pago». Antoni Cañete, presidente de la PMcM, opina que estas enmiendas se basan en el argumento de la «libertad del pacto entre las partes», pero señala que esto no logrará la neutralidad deseada. Además, advierte que esto abrirá legalmente la puerta a generar plazos más largos que los establecidos por el reglamento.
«Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios europeos»
La PMcM advierte que cuando la parte económicamente más débil financia a la más potente, no hay ecuanimidad y la libertad de plazos de pago puede ser inequitativa. Por lo tanto, la ley debe considerar las diferencias entre las partes para asegurar un resultado neutral. Si se permitiera la libertad de pacto entre las partes, los plazos de pago aumentarían debido al interés financiero que conlleva pagar tarde, especialmente en períodos inflacionistas y con altas tasas de interés.
Es importante destacar que durante las diversas reuniones de trabajo en la Comisión de Mercado Interior (IMCO) del Parlamento Europeo, los restantes grupos parlamentarios ya habían alcanzado un acuerdo sobre nueve enmiendas de compromiso antes de la presentación de estas «desafortunadas» por parte de los grupos conservadores europeos. En su mayoría, estas enmiendas mantenían la coherencia con la propuesta inicial de la Comisión Europea y recogían las propuestas presentadas por la PMcM.
«Es crucial comprender, según Cañete, que si se implementa la libertad de pacto entre las partes, se estaría retrocediendo a la situación anterior a la Ley de 2010. Esto conllevaría el riesgo de perpetuar los abusos de posición dominante por parte de las grandes compañías».
«Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios europeos para que actúen con responsabilidad y respalden, el próximo día 22, las enmiendas de compromiso acordadas previamente. Estas enmiendas fueron posibles gracias a los esfuerzos de la eurodiputada Roza Thun, quien se desempeñó como ponente principal en este proceso».
Fraudes, control imposible y contradicciones
La propuesta de las enmiendas es permitir la ampliación de los plazos de pago a más de 30 días, siempre y cuando se especifique en el contrato y no sea «manifiestamente injusto» para el acreedor. Según Cañete, esto presenta una contradicción evidente: nadie incluirá en un contrato algo que sea claramente injusto. Es importante recordar que las empresas más incumplidoras son aquellas de mayor tamaño, las cuales suelen tener códigos de Responsabilidad Social Corporativa. Por lo tanto, la «condición adicional de notificar esta excepción a la autoridad competente implica una carga administrativa adicional para las empresas, más burocracia para las Administraciones, un aumento de costes para todos y un control imposible por parte de dicha autoridad».
La experiencia nos muestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla, por ejemplo, firmando sus contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño, UTEs , denuncia Cañete. Pese a que esta modificación excluiría la posibilidad de aplicación entre pymes y grandes empresas o la administración, en la mayoría de las ocasiones los perjudicados no pueden asumir las acciones exigidas para demostrar este fraude.
La propuesta presentada también contempla la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública. Según Cañete, esto tendrá un impacto negativo en los subcontratistas, ya que sus facturas se pagarán en plazos más largos sin ningún tipo de supervisión o responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas. De hecho, las AAPP españolas nunca han mostrado mucho interés en aplicar esta norma en ciertos contratos, como lo demuestran los informes presentados por OIRESCON.
