Las asociaciones celebran las medidas pero piden más
El Gobierno reconoce en la exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley 8/2023 que el fraude ha alcanzado cotas gravísimas, asegurando incluso que se está incrementando de forma exponencial. Por tanto, estas entidades han recibido positivamente que la norma haya incorporado medidas que contribuyan a combatir algunas prácticas fraudulentas, aunque pese a todo recalcan que resultan insuficientes ya que no abordan, por ejemplo, el fraude fiscal en el IVA.
En este sentido, consideran imprescindible que, antes de antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. Dicha garantía puede consistir tanto en algún tipo de aval como en otra prueba de que se trata de un operador confiable, limitando así las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el impuesto que corresponda a las arcas públicas ala vez que se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena.
Por este motivo, las asociaciones respaldan la propuesta de modificar la Ley del IVA para combatir este fraude, que se produce cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal, y por tanto con exención del impuesto, para posteriormente ser vendidos con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública. Como ejemplo señalan el caso de éxito de Italia, que afrontaba una situación similar hasta que en 2019 se tomaron medidas que se han probado muy efectivas.
Los suministradores al por mayor y estaciones de servicio inciden por último en que el fraude supone un grave riesgo en las distintas fases de la cadena, y que no se erradicará sin un conjunto de medidas en distintos ámbitos. Por este motivo, recalcan la importancia de que se valore la puesta en marcha de estas iniciativaas y confían en que los grupos parlamentarios respalden su aprobación e incorporación a la redacción definitiva de la Ley.
