El Tribunal Supremo ha restringido la posibilidad de que transportistas y otros consumidores finales reclamen el recargo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos vigente entre 2013 y 2018, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la sentencia, solo las petroleras están legitimadas para reclamar directamente a las Comunidades Autónomas el importe de dicho impuesto, lo que deja fuera a los consumidores finales, como los transportistas, que soportaron el coste de este recargo en el precio de los combustibles.
Este fallo ha generado gran descontento en el sector del transporte, ya que podría permitir a las petroleras recuperar hasta 6.000 millones de euros recaudados de forma ilegal, mientras que los transportistas, que asumieron el impuesto de forma efectiva, no tendrían derecho a reembolso. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) había advertido a los transportistas sobre las dificultades que conllevaría esta reclamación y, tras el fallo del Supremo, el sector expresa su preocupación por el impacto económico que esto podría generar.
El Tribunal Supremo argumenta que los consumidores finales no pueden solicitar la devolución del impuesto porque este fue trasladado a través del precio de los combustibles y no directamente soportado por ellos, lo que deja como únicos beneficiarios a las petroleras que tributaron por este impuesto.
