Las mencionadas Asociaciones (Aevecar, Ancera, AOP, Appa Biocarburantes, Astic, ATliq, Bio-E, CEEES, CETM, Codigasoil, Confebus, Ewaba España, Faconauto, Sernauto, UNO y UPI), emitieron ayer un comunicado conjunto pocos días antes que el Consejo Europeo decida, el próximo martes, si la propuesta de la Comisión Europea del Reglamento de estándares de emisiones de CO2 de vehículos ligeros (turismos y furgonetas), incluida en el paquete legislativo Fit For 55, sale adelante. A su juicio, eso implicaría de facto la prohibición de la venta del motor de combustión a partir de 2035, lo que iría en contra de los intereses de España.
Razones
Enumerando las razones por las que llegan a esta conclusión, se indica que las infraestructuras españolas no están preparadas para la electrificación total del parque móvil. Asimismo, el territorio español es uno de los más extensos de la Unión y, por tanto, uno de los más complicados de vertebrar.
También se apunta que apostar únicamente por la electrificación va a generar zonas de sombra en la España rural y vaciada. Habrá, por tanto, parte de la ciudadanía que no pueda recargar el vehículo porque tendrá menos acceso a puntos de recarga. De nuevo, se producirá un agravio comparativo entre la población urbana y la rural, quedando esta última desprovista de una fuente energética fundamental en su día a día.
La única forma de diseñar una transición energética justa y eficiente es que prevalezca la tecnología frente a la ideología
Por otra parte, se está ignorando que en las zonas más despobladas se necesita una mayor autonomía en el automóvil para recorrer largas distancias sin necesidad de repostar, a diferencia de los trayectos urbanos, y que la maquinaria y el transporte de agricultores y pescadores, así como el transporte pesado de mercancías, funciona con combustible líquido, por lo que se dificultaría el desarrollo de la actividad, su rentabilidad y el empleo que sostienen.
Propuestas
Las asociaciones firmantes exigen que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban alternativas energéticas. Prohibir la venta de los motores de combustión supondrá frenar el desarrollo de los ecocombustibles, combustibles líquidos bajos o neutros en carbono y compatibles con las flotas, el parque móvil y las infraestructuras de almacenamiento y transporte de combustibles líquidos. No solo se desincentivará la producción de combustible tradicional, sino también de ecocombustibles que permitirían descarbonizar la movilidad a un menor coste y sin obligar ni a la población ni a las empresas de sectores estratégicos (como la logística) a cambiar de vehículo o renovar integralmente sus flotas. Es decir, sin restringir el derecho a la movilidad de la población en función de su nivel socioeconómico ni abocar al tejido empresarial a realizar inversiones, en un momento de incertidumbre en el que la inflación está lastrando las cuentas de resultados y poniendo en peligro la supervivencia de muchos negocios.
Que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban alternativas energéticas
En línea con lo anterior, las asociaciones señalan que este desincentivo en la inversión, derivado de la prohibición del motor de combustión, pondrá en riesgo un gran número de puestos de trabajo, tanto de la industria del refino y de distribución de carburantes como en la de componentes de automoción y en las vinculadas a la movilidad y al transporte.
Además, se pone el acento en la pérdida de derechos en materia de movilidad, de calidad de vida y de poder adquisitivo en las clases medias y bajas. Por todo ello, defender intereses de toda la población española requiere imperativamente votar no al reglamento de estándares de emisiones de CO2 por parte del Gobierno español ante la Unión Europea.
