La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha lanzado una advertencia clara: el nuevo proyecto de ley de acciones colectivas, que está en trámite en el Parlamento, podría convertirse en un obstáculo para que los consumidores y pequeñas empresas puedan reclamar contra cárteles empresariales que distorsionan los precios.
Más trabas para reclamar justicia
Fenadismer, que ha estado en el frente de batalla contra prácticas anticompetitivas, como el cártel de fabricantes de camiones o las demandas contra las petroleras, asegura que la nueva ley limita la capacidad de las organizaciones para presentar reclamaciones colectivas. «Nos preocupa que solo algunas asociaciones de consumidores puedan iniciar estos procesos, dejando fuera a muchas organizaciones que han sido clave en la defensa de los afectados», explican desde la federación.
El problema no termina ahí. Según Fenadismer, el proyecto también otorga a los jueces el poder de decidir si la financiación de las reclamaciones es justa, una medida que podría ahuyentar a los fondos especializados que suelen apoyar a los afectados en casos complejos y costosos.
Una ley que parece proteger a los grandes grupos empresariales
Fenadismer recuerda su lucha exitosa en casos como el cártel de fabricantes de camiones en 2016, donde representaron a más de 20.000 camiones afectados, o las reclamaciones contra las petroleras por sobreprecios en más de 4.000 millones de litros de combustible. «Si esta ley se aprueba tal como está, futuras reclamaciones colectivas podrían ser casi imposibles», advierte la federación.
Ahora, Fenadismer se prepara para trabajar con los grupos políticos en el Parlamento, buscando modificar los puntos más problemáticos de la ley. Su objetivo es claro: garantizar que los consumidores y pequeñas empresas puedan seguir defendiendo sus derechos frente a los abusos de los grandes grupos empresariales.
