Para garantizar un tiempo de actividad razonable de los cargadores, los gobiernos pueden aplicar una norma de fiabilidad, pero antes se debe definir lo que se incluye en esta norma, algo fundamental pero difícil porque son muchos los aspectos que pueden inutilizar un cargador. A la hora de desarrollar una norma de fiabilidad, los temas a tratar incluyen los tipos de averías cubiertas, el tipo y formato de los datos que deben notificarse, la calidad de los datos, la frecuencia de los informes, la accesibilidad de estos datos, y las partes responsables.
Así, cuanto más completas sean las definiciones, más fiable será el cargador, con una mejora proporcional de la experiencia del usuario. Sin embargo, las jurisdicciones corren el riesgo de aumentar los costes iniciales y de funcionamiento de los cargadores al exigir la inclusión de dispositivos auxiliares para registrar y analizar el rendimiento y exigir un mantenimiento preventivo periódico.
Esto podría obstaculizar el ritmo de despliegue de los cargadores, desalentando al sector privado, y podría dar lugar a un aumento de los costes repercutidos en los usuarios. Además, a esto se suma otra capa de complejidad para las redes de recarga o los fabricantes de hardware de infraestructura que operan en diferentes mercados, si estos no tienen las mismas normas de información y fiabilidad.
Por último, también cabe la posibilidad de que los gobiernos no tengan competencias para imponer normas de fiabilidad a todos los cargadores, lo que significa que estas normas pueden limitarse a los cargadores financiados con fondos públicos o a los instalados en terrenos públicos.
Paso a paso
Hay cuatro pasos clave a tener en cuenta a la hora de definir una norma de fiabilidad.
1.- Decisión sobre los cargadores objetivo. La primera decisión que hay que tomar es sobre el tipo de cargadores a los que se dirige la normativa. Por ejemplo, las jurisdicciones podrían centrarse primero en los cargadores rápidos de CC que reciben financiación pública, mientras que otras jurisdicciones podrían decidir centrarse en todos los cargadores accesibles al público. Esta decisión influirá en la norma basándose en los factores más importantes para la fiabilidad y en lo que es legalmente posible exigir.
2.- Definición del concepto de fiabilidad. Las jurisdicciones deben determinar una definición clara y detallada de la fiabilidad de la tarificación. Este paso debe establecer qué tipo de fallos se tienen en cuenta a la hora de determinar el tiempo de actividad del cargador. Trabajar con las integrantes del mercado, como los operadores de puntos de recarga, es clave para entender qué datos pueden estar disponibles y los costes que implicaría una definición estricta. Trabajar en coordinación con los consumidores también es clave para entender las causas más significativas de insatisfacción con los cargadores.
3.- Decisiones sobre las métricas que deben comunicarse, las acciones que deben exigirse y las responsabilidades. Una vez definido el concepto de fiabilidad, las jurisdicciones deben idear una forma de supervisar los diferentes fallos de carga. Este paso debe determinar las acciones preventivas y quién es responsable de informar y actuar, así como el desarrollo de métricas estandarizadas, requisitos sobre el tipo y la calidad de los datos, y debates en torno a las responsabilidades.
4.- Diseño de un marco. Por último, debe establecerse un marco sobre cómo deben comunicarse los datos. Incluye una decisión sobre la frecuencia de la notificación y la propiedad, localización, calidad y accesibilidad de estos datos.
