Como una iniciativa financiera, una política de tasas ventajosa también es importante para que los Gobiernos puedan atraer operaciones de producción y distribución, con la esperanza de estimular la actividad económica y generar empleo. Recientes movimientos a nivel intergubernamental se han dirigido hacia la visión de llegar hasta el final en la competencia entre países para recibir inversiones de las multinacionales.
Sin embargo, esta iniciativa puede resultar contraproducente para los mercados emergentes, que están obligados a competir por la inversión sobre una base no fiscal. También es de dominio público, y no se ve afectado por este reciente cambio en la política fiscal, el desarrollo de zonas francas/extranjeras que ofrecen condiciones ventajosas a las empresas que instalan en ellas sus centros de producción o almacenamiento. Para muchos países, como los Emiratos Árabes, estas zonas francas han demostrado ser la piedra angular de una visión de la cadena de suministro que ha transformado un país relativamente atrasado en un centro logístico mundial.
Pero los aranceles y los impuestos también pueden utilizarse como un palo más que como una zanahoria. Esta es la idea que subyace en el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM) de la UE, que pretende influir en el comportamiento de los fabricantes mundiales penalizándoles por utilizar proveedores más contaminantes en zonas del mundo menos eficientes en cuanto a emisiones de carbono.
Tratado de imposición mínima
En 2022, 139 países firmaron un «Tratado de imposición mínima» con el objetivo expreso de obligar a las empresas multinacionales a pagar niveles impositivos más elevados en función de sus ingresos. Los políticos y las autoridades tributarias están preocupados porque la normativa fiscal heredada no ha sido capaz de seguir el ritmo de la economía digital, que ha permitido que las plataformas globales pagar pocos impuestos o ninguno en algunos de sus mayores mercados.
Sin embargo, sería erróneo pensar que el Tratado solo afecta a las empresas que trabajan en lo que podría denominarse el ‘metaverso’. Se ha diseñado para afectar a todos los sectores de la economía y, por tanto, puede tener consecuencias para la estructuración de la cadena de suministro.
Hay dos «pilares» en el Tratado de Mínima Imposición.
– Pilar 1.- A partir de ahora, una parte de los beneficios de las empresas multinacionales se gravará en función de la ubicación de sus clientes, en lugar de en función del lugar en el que la empresa esté registrada a efectos fiscales.
– Pilar 2.- Se introducirá un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) denomina un «suelo» a la competencia entre autoridades fiscales.
Aunque se ha prestado mucha atención a los efectos de recaudación fiscal del tratado y a la reducción de los incentivos fiscales despilfarradores, se ha prestado menos atención al impacto que tendrá en la organización de la cadena de suministro.
Muchos mercados emergentes ofrecen a los fabricantes multinacionales incentivos fiscales (como vacaciones fiscales, tipos impositivos preferenciales, créditos fiscales, desgravaciones a la inversión o exenciones de ingresos) para que localicen su producción en su país, aunque la fiscalidad oficial no haya tenido en cuenta los incentivos fiscales.
Con arreglo al segundo pilar, estos países tendrían que «completar» el impuesto con un recargo, reduciendo o eliminando una de las razones clave de la presencia de una multinacional en el mercado.
Países en desarrollo
Se ha argumentado que el tratado fiscal hará que los países en desarrollo aumenten su presión fiscal, ya que el «suelo» se elevará en todos los mercados. Sin embargo, si el tipo impositivo deja de ser la ventaja competitiva de un país, los fabricantes basarán sus decisiones de localización en factores como la velocidad de llegada al mercado, los costes laborales, las infraestructuras, etc. Se trata, sin duda, de una evolución positiva, pero que a corto plazo tendrá ramificaciones para los países en desarrollo, que necesitan invertir tiempo y dinero en desarrollar estos otros atributos.
Algunos economistas creen que la consecuencia inevitable del tratado fiscal será reducir la inversión en los países de baja fiscalidad (Vaitilingam, 2021). En Europa, los que parecen tener más que perder, si es que esto es así, son Irlanda, Hungría y Bulgaria; en Oriente Próximo, Qatar y los EAU; en América Latina, Chile y Paraguay, y en Asia, Macao. El Gobierno irlandés, que en un principio se opuso al acuerdo, calculó que perdería entre 800 y 2.000 millones de euros al año en ingresos por el impuesto de sociedades.
Aunque gran parte de esta cifra está relacionada con los beneficios de gigantes digitales como Facebook, Google y Yahoo, Irlanda también es un importante lugar de fabricación para el sector farmacéutico (por ejemplo, Pfizer) y de alta tecnología (por ejemplo, Intel). Aún es demasiado pronto para ver si el aumento de los tipos impositivos provoca un éxodo del mercado, pero, de ser así, tendrá implicaciones significativas para las cadenas de suministro asociadas.
