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La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP) rechaza la propuesta energética del Gobierno

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal el tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos, ya que viola la Directiva 2003/96. Esta directiva prohíbe a los Estados miembros permitir tipos diferenciados de impuestos especiales basados en el territorio donde se consume el producto. Además, la normativa nacional no cumple con los requisitos de la Directiva 2008/118 para imponer gravámenes indirectos.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de las consecuencias que puede tener la prolongación del gravamen extraordinario y temporal a las compañías energéticas en la competitividad del sector. Según aseguran, mantener esta tasa pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética, pues afecta al proceso de transformación de la industria y al empleo y autonomía de la misma.

El estudio ‘Viabilidad técnica y económica de un abono único de transporte en todo el Estados español’, de Greenpeace, es la base para impulsar un abono único en todos el Estado español. Hace unos días publicábamos algunos detalles relacionados con la necesaria financiación, que ahora completamos.

El profesor John Manners-Bell ha elaborado un análisis para la consultora Ti acerca de cómo está evolucionando el vocabulario utilizado entre los eslabones que componen una cadena de suministro.

“Preservar la competitividad del sector, la protección a los usuarios y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización”. Estos son los principales objetivos que se propone la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) con una batería de medidas que ha presentado, desde el punto de vista de la distribución de combustibles.

Los ecombustibles son una alternativa destinada a reducir las emisiones de carbono generadas por el petróleo. Sin embargo, no siempre es fácil entender de qué estamos hablando, pues son muchas las opciones que están en el mercado, y más aún sobre las que se investiga. AOP trata de arrojar un poco de luz.

El Senado acaba de adoptar la decisión de imponer un gravamen temporal energético para las empresas que se dedican al refino en nuestro país, algo que desde la Asociación que las agrupa, la AOP, se considera que “es incongruente con la política del Gobierno, al no favorecer la transición energética”, con consecuencias también negativas para la inversión y el empleo.

Luis Travesedo es el nuevo presidente de AOP. Con una amplia experiencia en el sector energético, se encargará de fortalecer la posición de AOP y su plan para avanzar hacia combustibles ecológicos. Jaime Martín Juez será el vicepresidente primero, como parte de la reestructuración de la Junta Directiva.

La Asocición ha expresado su oposición ante el nuevo tributo temporal y recuerda que no se han corregido sus importantes problemas previos

“El Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono (CBAM) de la UE, que entrará en vigor en 2023, ha dividido a la opinión pública mundial. Muchos lo consideran necesario para cumplir los objetivos climáticos de la región, mientras que otros, sobre todo en los mercados emergentes, lo ven como una medida injusta y proteccionista que castiga a los países menos responsables del calentamiento global. En cualquier caso, es otro viento en contra para el desarrollo de las cadenas de suministro mundiales.

El AOP advirtió que los procedimientos parlamentarios no han incluido las deducciones fiscales a la inversión necesaria para promover y garantizar el suministro de descarbonización económica y social de la UE, desalentando claramente dicha inversión donde es esencial.

La Asociación subraya la desvinculación entre lo que se pretende gravar y el hecho imponible que se establece, al centrar el tributo en la facturación y no en unos beneficios extraordinarios que no existen; además indica una falta de marco legal para un beneficio público patrimonial temporal libre de impuestos, que es efectivamente una tributación indirecta que no se ajusta a los principios fiscales de la jerarquía constitucional o aspectos del marco legal español y europeo.

Empezando el nuevo año, la Junta Directiva de Confebus ha vuelto a reunirse para analizar la crítica situación que sigue atravesando el transporte de viajeros por carretera, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, junto con las últimas medidas que se han adoptado por parte de las administraciones y la necesidad de ayudas urgentes para la supervivencia del sector, cuyas pérdidas ascienden a 4.000 M€ en 2020, previéndose otros 2.400 millones en el primer semestre de 2021. En este sentido, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, destacó que desde la Confederación se va a seguir trabajando para conseguir todas las medidas que las empresas precisan para subsistir hasta que la actividad comience a recuperarse.

La Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, publicada recientemente en el BOE, recoge una serie de medidas que afectan al transporte de viajeros por carretera, que han sido resumidas por Confebus.

La crisis generada por el coronavirus obliga a la Federación Empresarial Balear de Transportes a solicitar ayuda a las instituciones

La FEBT hace un llamamiento urgente a todas las instituciones públicas de las islas para que ayuden a las empresas, que en Baleares están sufriendo especialmente la caída del turismo

Entre las medidas acordadas la semana pasada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que dieron lugar a la paralización del paro convocado por las Asociaciones del Sector, destaca el compromiso de no aplicar peajes a camiones en las carreteras españolas.

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) afirma que el nuevo impuesto de emisiones de CO2 de Cataluña incrementa un 100% la carga fiscal de los conductores durante los años de vida del vehículo.

La Comunidad de Murcia ha exigido al Gobierno de España que haga cumplir el reglamento europeo para garantizar la libre circulación de camiones entre los estados miembros de la Unión Europea y terminar con el bloqueo que están sufriendo los transportistas murcianos en la frontera francesa. Las protestas de los ‘chalecos amarillos’ “perjudican gravemente a la Región de Murcia, porque paralizan y bloquean a nuestros camiones en las carreteras lo que genera retrasos en las entregas de los productos y pérdida de confianza en los clientes europeos, máxime en estas fechas navideñas”, destacó el consejero murciano de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, tras el encuentro que mantuvo con los empresarios del transporte para abordar la situación del Sector.

Ganvam considera que la decisión de aceptar una moratoria para la aplicación del nuevo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) "es una muestra del respaldo del Gobierno hacia el sector de la automoción, ya que la medida neutralizará la subida de precio de los vehículos nuevos hasta 2021, lo que permitirá mantener la competitividad y la inercia de las ventas". Aún así, desde Ganvam sostienen que sigue siendo una medida "parche". Concretamente, está previsto aprobar un régimen transitorio que permitirá aplicar unos valores correlados hasta diciembre de 2020.

Tanto la Diputación de Guipúzcoa como las Juntas Generales forales, han anunciado la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el pasado 9 de Abril, que anulaba la norma foral promovida en su día en la que se establecía un peaje exclusivamente dirigido a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan tanto por la N-1 (Autovía Madrid-Irún) como por la A-15 (Autovía de Navarra a Guipúzcoa), afectando principalmente a los transportistas de larga distancia que utilizan dichas vías como tránsito obligado hacia el resto de Europa.

La Junta Directiva de Confebus tuvo lugar en Mdrid el pasado día 17, por invitación de Iveco

El pasado mes de enero la Diputación Foral de Guipúzcoa puso en marcha un nuevo peaje, pionero en España, exclusivamente dirigido a los vehículos de transporte de mercancías, obligando a soportar dicho gravamen a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan tanto por la N-1 (Autovía Madrid-Irún) como por la A-15 (Autovía de Navarra a Guipúzcoa), afectando, sobre todo, a los transportistas de larga distancia que utilizan dichas vías como tránsito obligado hacia el resto de Europa. Con el establecimiento de dicho peaje, la Diputación de Guipúzcoa estimaba recaudar, a través de su empresa Bidegui, que era la encargada de su gestión, en torno a 30 millones de euros anuaales.

Todo apunta a que Francia está preparando la puesta en marcha del pago de una viñeta para todos los camiones que transitan por sus carreteras, lo que afectaría de lleno al transporte español, dificultando además enormemente la exportación de productos españoles. Esta viñeta nacería como una alternativa a la 'ecotasa' que Francia intentó instaurar sin éxito a finales de 2013, ante el rechazo que generó entre los propios transportistas franceses, y su recaudación se destinaría, además de al mantenimiento de las infraestructuras, a sufragar los mil millones de euros que le costó al Gobierno francés la fallida implantación de la ‘ecotasa’.

Este miércoles 6 de Julio las asociaciones nacionales de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera han mantenido una reunión en la sede del Ministerio de Fomento con las organizaciones guipuzcoanas de transportistas Guitrans e Hiru para coordinar las diferentes movilizaciones a llevar a cabo a partir de Octubre en contra de la aprobación unilateral por parte de las Juntas Generales de Guipúzcoa de la norma foral que establece peajes para los camiones de más de 3’5 toneladas que circulen por las carreteras guipuzcoanas a partir del próximo mes de Enero.

Las empresas de bebidas y de la distribución solicitan a la Generalitat de Cataluña un aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo impuesto a las bebidas azucaradas envasadas que, de acuerdo a los planes del Govern, debería entrar en vigor el 1 de abril. Las empresas del Sector consideran del todo inviables los plazos marcados para la entrada en vigor del nuevo impuesto que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña el pasado 22 de marzo y debe comenzar a aplicarse el primer día del mes de abril.

Este martes 24 de enero está previsto que Fenadismer, conjuntamente con las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, acuerden las medidas de presión que van adoptar en contra de la reciente aprobación de la norma de implantar peajes para los camiones de más de 3,5 toneladas que circulen por las carreteras guipuzcoanas. El gravamen recaudatorio se aplicará inicialmente tanto en la carretera N-I (carretera que une Madrid con la ciudad fronteriza de Irún) como en la Autovía A-15 (Autovía de Navarra a Guipúzcoa).

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha acordado por unanimidad, que a partir del mes de septiembre, y previa coordinación con las organizaciones de transporte de Guipúzcoa, se adoptarán las medidas de movilización que se estimen necesarias para manifestar la oposición frontal a dichos peajes. Igualmente, el transporte de mercancías por carretera rechaza que la recaudación adicional resultante de la aplicación de una medida como ésta se pudiera utilizar para promocionar y subvencionar otros modos de transporte menos eficientes que competirían con la carretera en situación de ventaja.

La Asociación de Transporte Internacional por Carretera, (ASTIC) denuncia la falta de información y capacidad de reacción del Gobierno belga ante la implantación del nuevo impuesto al transporte por carretera en su territorio que entró en vigor el pasado viernes, 1 de abril. En este primer fin de semana se han vivido situaciones de tensión entre los conductores de varias nacionalidades europeas, españoles incluidos, así como retrasos de cinco horas y problemas en el tráfico debido a la precipitada puesta en marcha de la tasa belga.

Fenadismer manifiesta públicamente su satisfacción por el anuncio realizado en el pasado 9 de octubre en el Parlamento andaluz por la Presidenta de la Junta de establecer el sistema de devolución del céntimo sanitario a los transportistas andaluces, del que ya disfrutan los transportistas de las restantes Comunidades Autónomas, esperando que dicho compromiso sea aprobado a la mayor brevedad.

Un año más continúa vigente la obligación para las empresas transportistas dadas de alta en el Censo de Beneficiarios del Gasóleo Profesional de comunicar los kilómetros que han realizado sus vehículos de transporte en el año anterior a la Agencia Tributaria.  Dicha obligación debe realizarse por Internet a través de las asociaciones territoriales de Fenadismer antes del 31 de marzo de este año.

La Agencia Tributaria Estatal ya ha empezado a abonar en su integridad el IVMDH reclamado por ingresos indebidos entre los ejercicios 2010 y 2012, comenzando así a cumplir el acuerdo suscrito entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Ministerio de Hacienda. Pero no a la velocidad adecuada.