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El nuevo Plan de Automoción de la UE ha generado controversia al prorrogar dos años los objetivos de reducción de emisiones, lo que podría frenar la venta de vehículos eléctricos y debilitar la competitividad europea frente a China. Organizaciones advierten sobre el riesgo de depender aún más de baterías asiáticas.T&E estima que este cambio hará que hasta 880.000 coches eléctricos menos sean vendidos entre 2025 y 2027, ralentizando la expansión de la electromovilidad y favoreciendo la permanencia de vehículos de combustión en las carreteras.

La Comisión Europea propone el paquete Omnibus, que reduce las obligaciones de sostenibilidad para empresas, generando críticas por debilitar la transparencia y responsabilidad corporativa. La iniciativa limita la supervisión a proveedores directos y retrasa normas ambientales, lo que podría afectar negativamente la competitividad y la rendición de cuentas empresarial en Europa.Además, el paquete retrasaría dos años la aplicación de las normas de información sobre riesgos ambientales y limitaría la obligación de reporte a compañías con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros.

La Unión Europea ha asignado cerca de 422 millones de euros a 39 proyectos destinados a desarrollar infraestructuras de suministro de combustibles alternativos en la red transeuropea de transporte (RTE-T). Esta inversión forma parte del primer plazo de corte del Mecanismo para las Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIF) 2024-2025, dentro del programa 'Conectar Europa' (MCE), que financia infraestructuras de transporte en Europa con el objetivo de avanzar en la descarbonización del sector.

La Comisión Europea ha establecido una moratoria hasta el 28 de febrero de 2025 para la sustitución obligatoria de tacógrafos en vehículos de transporte internacional, debido a retrasos en la adaptación. Se implementará un "período educativo" de dos meses sin sanciones, priorizando la concienciación sobre la nueva normativa. El Paquete de Movilidad, aprobado en 2020, establecía inicialmente como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para la instalación de estos dispositivos en vehículos que realizan transporte internacional.

La creciente falta de conductores de autobús en Europa, con 105.000 vacantes en 2023 y una proyección de duplicarse en 2028 según IRU, pone en riesgo la frecuencia de los servicios de transporte público, el acceso a servicios esenciales, y sectores como el turismo, amenazando la cohesión territorial, un principio clave de la Unión Europea. Así lo han reconocido las eurodiputadas socialistas Rosa Serrano, Idoia Mendia y Alicia Homs, quienes han interpelado a la Comisión Europea para tratar de abordar nuevas medidas que pongan freno a esta tendencia.

La Comisión Europea ha lanzado un nuevo paquete de 320 millones de euros destinado al desarrollo de áreas de aparcamiento seguro para camiones en toda la Unión Europea. Esta iniciativa, financiada por el Fondo Conectando Europa, busca mejorar la seguridad de los conductores y las condiciones de trabajo en un contexto en el que los robos a camiones están en aumento en diversas zonas europeas, especialmente en Francia, como ha denunciado recientemente el Comité Nacional.

El debate sobre las normativas de hidrógeno verde en la UE se intensifica, con Alemania pidiendo posponer reglas que limitan su producción. Hydrogen Europe apoya esta solicitud, argumentando que las regulaciones elevan costos y dificultan el crecimiento del sector. La discusión es clave para la transición energética y la competitividad económica en Europa.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para actualizar y clarificar las normas sobre la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de camiones y autobuses. Los objetivos de la propuesta son contribuir al aumento de la seguridad vial y facilitar la movilidad de los conductores profesionales. Como principales novedades incluye la modernización de la formación, la optimización del consumo de combustible, y un mejor reconocimiento de la formación realizada en otro Estado miembro.

La normativa propuesta incluye cambios en la regulación de las obligaciones de servicio públoc (OSP) en el transporte por tierra que según las asociaciones implicaría cierta inseguridad jurídica. Por ello estas asociaciones han pedido al Parlamento Europeo y a la Comisión que se retiren las disposiciones que afecran a las OSP.