En cualquier caso, Chelsea Baldino, Eamonn Mulholland, Nikita Pavlenko analizan para ICCT el impacto que podría tener una futura inclusión de combustibles alternativos en las normas europeas de emisiones de CO2 para camiones y autobuses.
Una posibilidad que podría ser útil, a la hora de arrojar información útil, es el sistema de acreditación de combustibles, en el que los fabricantes comprarían créditos que representaran determinadas cantidades de combustibles alternativos, que podrían aplicarse a una flota o a vehículos individuales. La reducción de las emisiones certificadas de CO2 se basaría en el ahorro de CO2 del combustible y en la vida útil supuesta de los vehículos.
Un sistema con algunos peros
Un sistema de créditos para combustibles podría socavar la intención de las políticas de combustibles de la UE de limitar los combustibles alternativos que suponen un riesgo climático. Los defensores de un sistema de este tipo argumentan que los combustibles adquiridos para la acreditación hacia las normas de CO2 serían adicionales a los necesarios para cumplir con la RED III. Sin embargo, la RED III limita la contribución de los combustibles alternativos con mayor riesgo climático a su objetivo de transporte.
Los biocarburantes destinados a la alimentación humana y animal, que conllevan importantes emisiones debidas a cambios en el uso del suelo, están limitados en un 7%. La RED III también limita la contribución de los biocarburantes procedentes de aceites usados, incluidos los producidos a partir de aceite de cocina usado, que plantean un riesgo de fraude.
Aunque estos combustibles alternativos pueden certificarse como conformes a la RED III, el sistema de acreditación de combustibles podría ignorar estos límites permitiendo que cuenten los combustibles producidos por encima de sus límites.
Dificultades prácticas
En la práctica, sería difícil garantizar que los combustibles acreditados fueran adicionales a la RED III porque, como directiva, los 27 Estados miembros la aplican individualmente.
La Comisión Europea tendría que implantar su propio sistema para hacer un seguimiento de cada litro de combustible alternativo en la UE y determinar si ya se contabiliza en alguna de las 27 aplicaciones nacionales de la Directiva sobre energías renovables. La base de datos del sindicato de combustibles alternativos exigida en la RED II (y RED III) no incluiría esa información sobre si el combustible ha recibido incentivos.
