Es más, incluso aquellos que se decantarían por el uso de autovías de pago se han mostrado en contra de esta medida. Concretamente, el 91% de los encuestados ha reflejado su disconformidad, y el 63% cree que su implementación se realizará única y exclusivamente con fines recaudatorios. Ante esto, un 28% cree que, como consecuencia de esta decisión, aumentaría el tráfico en las carreteras secundarias.
Esta medida no ha entrado aún en vigor, pero forma parte del Plan de Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas. En él, el Ejecutivo se ha comprometido a llevar a cabo una larga lista de reformas para lograr el desembolso de hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos, reformas que en teoría arrancarían a lo largo del año 2024.
¿Una menor seguridad vial?
A la vista de este posible cambio normativo, es importante destacar que, al menos según los datos de la DGT, las carreteras secundarias son las que acumulan una mayor cantidad de siniestros. Durante el mes de junio, 67 personas perdieron la vida en carreteras secundarias frente a las 23 que lo hicieron en autopistas o en autovías, y a lo largo de todo el año se mantiene esta tendecia por la cual el número de víctimas en unas triplica al de las otras (387 en secundarias, 123 en autovías). Por tanto, un mayor desvío de tráfico a estas vías podría generar un mayor riesgo a la seguridad vial que tan intensamente se trata de reforzar.
