El documento, publicado por ICCT, recuerda que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE debaten las modificaciones de la propuesta de la Comisión Europea para revisar las normas de CO2 aplicables a camiones y autobuses, principal expediente legislativo para reducir las emisiones del sector pesado en la UE hasta 2050. Estas modificaciones incluyen planes para introducir la acreditación de combustibles alternativos en las emisiones de CO2 certificadas de un vehículo. Este estudio evalúa los mecanismos propuestos e identifica los riesgos potenciales que diluirían los beneficios climáticos de la propuesta de la Comisión.
Los tres mecanismos en discusión incluidos en el estudio tienen en cuenta un factor de corrección del carbono (CCF), que acreditaría las emisiones certificadas de un vehículo en función de la cuota de combustibles alternativos en el transporte por carretera en Europa.
A este mecanismo se suma un sistema de acreditación de combustibles, por el que los fabricantes pagarían a los proveedores de combustible por mezclar cantidades adicionales de combustibles alternativos y recibirían a cambio un crédito que podrían aplicar a las emisiones de los vehículos, y un tercero que hace referencia a un proceso de homologación por el que se certificaría que un vehículo que funciona con combustibles alternativos puros emite menos CO2 que un vehículo convencional que funciona con combustibles fósiles.
Conclusiones
El mecanismo propuesto reduciría artificialmente la eficacia de las normas, lo que podría suponer hasta 200 millones de toneladas menos de ahorro de CO2 entre 2020 y 2050. Esto se debe a que un MCE acreditaría los logros de otras políticas de la UE a las normas de CO2, ya que los combustibles alternativos ya están incentivados por la Directiva sobre energías renovables (RED III). Esto tendría el efecto equivalente a reducir cada objetivo de CO2 en 2030, 2035 y 2040 en un 8%.
Por otro lado, un sistema de acreditación de combustibles o un sistema de homologación de combustibles alternativos plantean un riesgo climático, ya que podrían crear incoherencias con las políticas de combustibles existentes. Cualquiera de los dos sistemas podría permitir que los biocombustibles con altas emisiones de gases de efecto invernadero o propensos al fraude cumplieran las normas más allá de sus límites en otras políticas de combustibles de la Unión Europea (UE), como la Directiva sobre energías renovables (RED III).
